Los Estados de la Unión Europea volvieron a aplazar ayer la votación sobre la oficialidad de euskara, catalán, gallego ante la falta de unanimidad requerida para aprobar la petición del Gobierno español. Los Veintisiete abordaron la cuestión por séptima vez, en un debate tenso que se prolongó 45 minutos y que evidenció las diferencias vigentes.

De nada sirvieron las palabras del secretario de Estado español para la UE, Fernando Sampedro, que instó a los socios a «no secuestrar o retrasar» el debate. «Lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente», apuntó en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo de Asuntos Generales, celebrado en Bruselas.

Destacó que la propuesta española «no tiene ningún impacto negativo para ningún Estado miembro. Por lo tanto, consideramos que debe ser posible aprobarlo a la mayor brevedad posible». Y advirtió de que «los tratados son muy claros, dicen que la identidad nacional de los Estados miembros, en este caso la identidad nacional plurilingüe, nuestro sistema constitucional debe ser respetado».

«Veinte millones de europeos no pueden ser discriminados porque las lenguas que son oficiales en los territorios españoles en los que residen no se traten exactamente igual que las lenguas que son oficiales en otros países», afirmó Sampedro, y reiteró que el Estado español está dispuesto a asumir el coste de la propuesta, estimada en 132 millones de euros. «Se trata de terminar con una discriminación».

El ministro de Exteriores de Luxemburgo y ex primer ministro del país, Xavier Bettel, dijo entender «completamente que para los españoles el multilingüismo, las tradiciones, son muy importantes», pero consideró que, «realmente, no es el momento adecuado» para aprobar la oficialidad de estas lenguas.

«Hemos necesitado días para acordar las sanciones a Rusia, todavía no somos capaces de tener decisiones sobre Israel y tener un alto el fuego en Palestina, ¿pero aprobamos el gallego, el euskera y el catalán?», preguntó con ironía.

Por su parte, la ministra austriaca para Europa, Claudia Plakolm, dijo que «mientras no haya una propuesta sobre la mesa con la que se aclaren las cuestiones jurídicas y financieras, no se puede dar ningún consentimiento» a la propuesta. Una excusa en la que se ampararon el Estado francés, Polonia y Finlandia.

La propuesta sí contó con el respaldo de Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Hungría, Irlanda, Lituania, Rumanía y Portugal.

«MUY DIFÍCIL JUSTIFICACIÓN»

La vicelehendakari primera de Lakua y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, consideró de «muy difícil justificación» que no se reconozca la oficialidad: «Es una cuestión de justicia, igualdad y respeto a los derechos lingüísticos de millones de ciudadanos europeos».

Destacó que el euskara es «un idioma vivo», que «forma parte también de la identidad europea y es un patrimonio cultural». «Europa no puede construirse negando su diversidad», manifestó.

El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, por su parte, señaló que el Govern y el PSC «no pararán» hasta lograr la oficialidad del catalán en las instituciones de la UE. Y cargó contra la postura negativa del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo: «¿Qué le han hecho el catalán, el gallego y el euskera?».

Precisamente, la Xunta de Galiza justificó lo ocurrido en Bruselas y señaló que destinar 132 millones de euros «no es una cuestión razonable».