«La Justicia no se arrodilla ante el poder», afirmó la magistrada Sandra Heredia al comenzar la lectura de la sentencia en el caso abierto contra Álvaro Uribe. Antes de anunciar su decisión, defendió la autonomía de su despacho frente a lo que calificó como «uno de los casos más significativos de su historia judicial reciente que ha despertado pasiones, dividido opiniones y movilizado emociones».

Horas después, casi a medianoche en Euskal Herria -al cierre de esta edición seguía la lectura del fallo-, la jueza consideró responsable al expresidente colombiano del delito de soborno, uno de los tres por los que fue llevado a juicio.

«El primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado», dijo Heredia al evaluar los contactos del abogado Diego Cadena, que representó a Uribe, con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en una cárcel de Bogotá, para que éste no declarara sobre los supuestos vínculos del expresidente con esos grupos ilegales.

Mucho antes, al inicio de la vista, la jueza había advertido de que «el derecho no puede temblar frente el ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder. La Justicia, como (la diosa griega) Temis no ve nombres, ni cargos, ni estaturas porque su mirada está enfocada exclusivamente en la verdad jurídica y en el deber ético de resolver conforme a la ley y la conciencia». Heredia quiso dejar claro que este «no es un juicio contra la historia política de Colombia, no es una revancha, no es una conspiración, no es un acto de oposición ni de política, es un acto de justicia y solo de justicia».

En la primera parte de la audiencia, avaló dos pruebas clave de la acusación: unas intercepciones al teléfono de Uribe y grabaciones hechas con un reloj espía, elementos que la defensa había solicitado excluir por considerarlos ilegales. Heredia también defendió la credibilidad del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, un testigo crucial en este proceso, y reivindicó las garantías procesales y la autonomía de su despacho.

El caso se remonta a 2012, cuando el expresidente demandó al senador Iván Cepeda por difamación. En esa época, Cepeda preparaba una denuncia contra el expresidente por supuestos vínculos con las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia.

Sin embargo, en un giro inesperado, la Corte desestimó los cargos contra Cepeda e inició una investigación sobre las actividades de Uribe en 2018.

En agosto de 2020, tras la orden de detención domiciliaria emitida por la Corte, Uribe renunció a su escaño en el Senado para que el caso pasara a la Justicia ordinaria, por lo que una jueza ordenó su libertad.

Sus abogados solicitaron dos veces el cierre del caso, pero juzgados de primera instancia como el Tribunal Superior de Bogotá lo negaron hasta que en 2024 una nueva fiscal decidió acusarlo, y el juicio se ha celebrado este año.