«Preso, muerto o victoria»: esos eran los tres posibles destinos que Jair Bolsonaro preveía para sí mismo durante su presidencia en Brasil. Ayer, el periodista Carlos Meneses lo recordaba en un reportaje de Efe, justo cuando Alexandre de Moraes -juez del Supremo Tribunal Federal, a quien mencionaremos más adelante- ordenó la detención domiciliaria del exmandatario ultraderechista por violar las medidas cautelares impuestas ante el riesgo de fuga, en el marco de su juicio por golpismo.

Con esta decisión, se cumple el primero de los escenarios que Bolsonaro había anticipado: la prisión. Además de quedar bajo arresto domiciliario, se le ha prohibido recibir visitas, salvo las de familiares cercanos y sus abogados. En la misma resolución, De Moraes ordenó a la Policía Federal registrar su residencia para incautar teléfonos y otros dispositivos que le permitan conectarse a redes sociales.

Según el magistrado, Bolsonaro violó la medida que le prohibía difundir mensajes en redes al utilizar cuentas de aliados políticos para lanzar ataques contra la Justicia. En particular, recurrió a los perfiles de sus hijos, y más específicamente al de Eduardo Bolsonaro, exdiputado radicado en Washington, con buenos vínculos con la familia Trump y de quien también hablaremos más adelante.

Antes, es útil detenerse en un hecho reciente: el pasado 18 de julio, el expresidente brasileño publicó un vídeo en X, antes Twitter, en el que agradecía a Donald Trump por su apoyo. El presidente estadounidense había calificado el juicio contra Bolsonaro como una «cacería de brujas» e impulsado la reciente escalada arancelaria contra Brasil por lo que considera una persecución política.

En concreto, la Casa Blanca ha impuesto aranceles del 50% a ciertos productos brasileños, a pesar del superávit comercial que mantiene con Brasil. En su comunicado, el Gobierno estadounidense justificó la sanción por la «persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento políticamente motivados» contra Bolsonaro.

ECOS DEL GOLPE

Bolsonaro enfrenta un juicio en la Corte Suprema acusado de liderar una operación destinada a impedir que el Partido de los Trabajadores (PT) y Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en los comicios de 2022, gobernara la mayor economía de Latinoamérica.

Este proceso judicial es el capítulo más reciente de una larga trayectoria política que alcanzó su punto culminante entre 2019 y 2022, cuando ocupó la presidencia de Brasil. Un ascenso entonces improbable para este descendiente de inmigrantes italianos que, tras una breve carrera castrense, inició su andadura política como concejal en Río de Janeiro y pasó casi treinta años como diputado federal, un periodo en el que rara vez trascendió más allá de sus declaraciones totalitarias.

Como imitador de Trump, Bolsonaro fue elegido presidente en 2018 en un clima de hartazgo hacia el Partido de los Trabajadores, alimentado por acusaciones infundadas y el golpe institucional contra Dilma Rousseff. Su ascenso fue posible gracias al impacto de la operación Lava Jato, que llevó a Lula a prisión con una condena de nueve años, en un caso emblemático de lawfare o que luego se replicaría en otras partes del continente: políticos denuncian corrupción, los medios amplifican el relato, se exige rapidez a la Justicia, y los jueces terminan condenando sin pruebas ni debido proceso.

Con el PT fuera de juego tras el impeachment contra Rousseff, Bolsonaro logró alcanzar la presidencia gracias al respaldo de empresarios, sectores del agronegocio, militares, grupos evangélicos y una poderosa maquinaria financiera. Su gobierno, marcado desde el inicio por la polémica, combinó un programa económico ultraliberal con un discurso radical y confrontativo.

Así lo sintetizaba el sociólogo y politólogo brasileño Emir Sader en un artículo publicado en “Página 12” y recogido por GARA: «Puso en práctica el modelo neoliberal para garantizar el apoyo del empresariado e incorporó el respaldo de los evangélicos. Asumió el discurso más violento, con amenazas a la oposición, al Poder Judicial, a los medios y a gobiernos de otros países».

A esto se sumó una agenda interna marcada por el incentivo a la posesión de armas por parte de civiles, el constante desacato a decisiones judiciales, la flexibilización de normativas ambientales y una gestión negacionista de la pandemia de covid-19, que dejó más de 700.000 muertos en Brasil. En una de sus declaraciones más recordadas, Bolsonaro afirmó: «Vamos a enfrentar el virus con la realidad. Así es la vida. Todos nos vamos a morir algún día».

Pese a su cuestionada gestión, Bolsonaro rozó la reelección en 2022, sostenido por una base conservadora movilizada en torno a valores religiosos y morales. Perdió frente a Lula da Silva por un margen estrecho de apenas 1,8 puntos en una segunda vuelta muy reñida. Sin embargo, Bolsonaro nunca reconoció su derrota.

¿QUÉ LE ESPERA A BOLSONARO?

Bolsonaro, junto a otras siete personas, integra supuestamente el núcleo central de la trama golpista que buscaba mantenerlo en el poder tras su derrota en las elecciones de 2022. Están imputados por asociación criminal, intento de derrocar por la fuerza el Estado de derecho, tentativa de golpe de Estado y daños al patrimonio público durante las protestas del 8 de enero de 2023, cuando se intentó tomar por la fuerza las principales instituciones del país.

Hace un par de semanas, la Fiscalía solicitó en sus alegaciones finales en el juicio por golpe de estado que Bolsonaro sea declarado culpable, por lo que podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 40 años, además de ser inhabilitado de manera indefinida para ostentar cargos públicos - ya fue inhabilitado para ocho años por el Tribunal Superior Electoral por un delito de abuso de poder con el fin de deslegitimar aquellos comicios-.

El expresidente brasileño lleva desde hace una semana una tobillera electrónica que monitorea sus movimientos. Pese a ello, continúa desafiando abiertamente al Supremo Tribunal Federal. El pasado viernes, arremetió contra el juez De Moraes ante un grupo de periodistas que lo rodeaban con los teléfonos móviles en alto. Dos días después, el domingo, participó por vía telefónica en una manifestación de sus simpatizantes en São Paulo.

Para De Moraes, considerado el principal enemigo del bolsonarismo, esta intervención constituyó una violación de las medidas cautelares, que le prohíben expresarse en redes sociales, ya sea de forma directa o indirecta. En consecuencia, el magistrado ordenó su arresto domiciliario.

EDUARDO Y DE MORAES

A mediados de julio, la Policía Federal registró la residencia de Bolsonaro en Brasilia, en el marco de una investigación por su presunto financiamiento de una campaña internacional para promover sanciones desde EEUU contra autoridades brasileñas, incluido el juez del Supremo De Moraes, a quien Washington ya ha revocado el visado.

De Moraes, convertido en enemigo declarado tanto del bolsonarismo como del trumpismo, es señalado por el Departamento de Estado como responsable de «violaciones de derechos humanos» y de usar las instituciones para «silenciar a la oposición». Según los investigadores, Bolsonaro habría destinado hasta dos millones de reales (unos 300.000 euros) para impulsar estas sanciones a través de su hijo Eduardo, radicado en Texas desde marzo.

Eduardo Bolsonaro también intentó frustrar una inédita delegación de senadores brasileños -desde el PT hasta la ultraderecha- que viajó a la capital estadounidense para frenar la imposición de aranceles y explicar su impacto económico.

Sin embargo, la estrategia comercial de Trump pesa más que cualquier gesto de apoyo a Bolsonaro. Las sanciones responden en parte a las medidas que De Moraes tomó contra plataformas tecnológicas estadounidenses, como el bloqueo temporal de cuentas en X y sanciones a la empresa de Elon Musk por desobedecer fallos judiciales.

En el trasfondo está la creciente tensión entre EEUU y los BRICS -bloque al que pertenece Brasil- y la inminente ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que complica aún más el tablero geopolítico para Trump.

Desde Washington, el mensaje fue claro: «Imponer más restricciones a Bolsonaro no es un servicio público. Déjenle hablar». Pese a su inhabilitación, el trumpismo sigue apostando por su figura de cara a las elecciones de 2026.

No obstante, ante un escenario donde Bolsonaro no podría presentarse, su hijo Eduardo aparece con 20% de intención de voto en algunas encuentas. «Si mi padre me dice que me necesitan, sería candidato», afirmó.