El magistrado de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por golpismo, aseguró ayer en la apertura de la fase final del histórico juicio que los acusados buscaron imponer «una verdadera dictadura» en el país. El líder ultraderechista brasileño, acusado de cinco delitos, se enfrenta a una condena que podría ser de 12 años de prisión, y ascender a 40 años en caso de ser hallado culpable de todos ellos.

El fiscal general, Paulo Gonet, pidió a la Corte Suprema que Bolsonaro -en prisión domiciliaria- y otros siete acusados sean declarados culpables de los cinco delitos contra el orden democrático que se les imputan, aunque no sugirió una pena. Acusa a Bolsonaro de liderar una organización criminal que orquestó un complot golpista para intentar subvertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2022, en las que ganó Luiz Inácio Lula da Silva, e intentar dar un golpe de Estado para permanecer en el poder.

En la primera sesión de la fase final, que concluirá el 12 de septiembre, De Moraes señaló que «solo queda lamentar que en la historia republicana brasileña haya habido un nuevo intento de golpe, atentando contra las instituciones y la propia democracia para instalar un Estado de excepción y una verdadera dictadura». Afirmó que una «verdadera organización criminal» intentó romper el orden democrático cuando el país atravesaba «una nociva y violenta radicalización política».

El magistrado recordó que desde el grave asalto a las instituciones del 8 de enero de 2023, cuando miles de bolsonaristas vandalizaron las sedes de los tres poderes para pedir una intervención militar contra Lula da Silva, el Supremo ha dictado 683 condenas, 11 absoluciones y 554 acuerdos de no persecución penal, y aún quedan 382 procesos pendientes de resolución.

LA IMPUNIDAD NO ES OPCIÓN

Pidió no confundir la pacificación con la impunidad. «La historia enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación porque el camino más fácil, el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas y corroe la democracia», añadió.

Gonet, tras presentar los cargos por golpismo, indicó que la Fiscalía General «espera que el juicio acepte la procedencia de la acusación».

Presentó un pormenorizado relato sobre la actividad de la «organización criminal», que tenía el objetivo de «desconocer la voluntad popular» e impedir que Da Silva asumiera el poder tras ganar las elecciones. Defendió los testimonios y documentos acusatorios, y aseguró que el golpe no se consumó porque los jefes de las Fuerzas Armadas se negaron a respaldar la ruptura democrática.

Afirmó que «desde 2021 se adoptó la táctica de generar un clima de desconfianza en las instituciones democráticas» y en favor de un «proyecto autoritario de poder» y «con fines de golpe», en alusión a una dura campaña contra el sistema electoral que Bolsonaro, al que responsabiliza de las manifestaciones previas y de las protestas poselectorales, encabezó desde el Gobierno.

El proceso, uno de los más importantes de la historia reciente de Brasil, ha estado marcado por las injerencias del presidente de EEUU, Donald Trump, que ha sancionado a jueces, incluido De Moraes, e impuesto aranceles del 50% al país en represalia por el juicio a Bolsonaro, que ha descrito como una «caza de brujas» contra su aliado político.

De Moraes aseguró que «ese intento de obstrucción no afectará a la imparcialidad de los jueces» y, en paralelo, ordenó una investigación sobre las gestiones del diputado Eduardo Bolsonaro en EEUU para lograr esas sanciones.