Quince familias de Errenteria y Donostia se han acogido hasta la fecha a la prórroga extraordinaria de hasta tres años de sus contratos de alquiler, finalizados con posterioridad a la declaración de sus municipios en el BOE como zona tensionada de vivienda.

Según explicó ayer Stop Desahucios, esta prórroga está regulada en la Ley de Vivienda y la pueden solicitar todos los inquilinos cuando la fecha de finalización de sus contratos sea posterior a la oficialización de su municipio como tensionado.

Estas familias habían recibido burofaxes de sus arrendadores, comunicándoles la finalización del contrato y fijando la fecha de desalojo de la vivienda. «En ninguno de los casos se les ha ofrecido la renovación del contrato, cuya renta vienen abonando puntualmente mes a mes», apuntó Stop Desahucios. Sin embargo, la nueva normativa les ha permitido prorrogar el contrato.

Cada vez es más larga la lista de municipios declarados como zona tensionada. Errenteria fue el primero y el pasado julio, junto a Donostia, se formalizó el último trámite para Galdakao, Iruñea y otra veintena de municipios navarros: Tutera, Eguesibar, Burlata, Barañain, Zizur Nagusia, Lizarra, Aranguren, Berriozar, Tafalla, Antsoain, Atarrabia, Corella, Elortzibar, Cintruénigo, Baztan, Altsasu, Uharte, Berriobeiti, San Adrián y Azkoien. Pronto se sumarán más, entre ellas las otras dos capitales, Bilbo y Gasteiz.

Stop Desahucios valoró positivamente tanto esta medida como «la limitación de la renta a los grandes tenedores, una vez que se publiquen en el BOE de septiembre los índices de referencia de los precios del alquiler en Gipuzkoa». En Nafarroa estos precios máximos pueden consultarse desde el pasado mayo.

TOPE DE LOS ALQUILERES

Estos topes se fijan en función de las características del piso y los alquileres que tenga a su alrededor, mediante una ponderación que realiza el Ministerio español de Vivienda. Para realizar el cálculo, las haciendas forales deben remitir los datos a Madrid. Bizkaia y Araba no lo habían hecho aún la pasada semana, lo cual les valió una reprimenda pública de la ministra Isabel Rodríguez.

«No se explica que haya que esperar a 2026 o quizás 2027 para que Bizkaia y Araba tengan los índices de referencia», denunció entonces en el Congreso el diputado de EH Bildu Oskar Matute.

Stop Desahucios recordó ayero que «la Ley de Vivienda regula también una prórroga extraordinaria de un año en los municipios no tensionados, cuando el arrendador es un gran tenedor y el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad acreditada por los servicios sociales».

Este colectivo considera que estas prórrogas son eficaces porque «ofrecen más estabilidad a los inquilinos; el arrendador percibe la misma renta tanto si renueva el contrato al inquilino actual como si firma uno nuevo; impiden la especulación, evitando que estas viviendas de uso residencial se destinen a pisos turísticos o contrato de temporada; y sobre todo, evitan que se interpongan demandas de desahucio por finalización del contrato de inquilinos al día en el pago de sus rentas que no desalojen las viviendas una vez finalizado el contrato».