Martxelo DÍAZ
IRUÑEA

ELA: «El Fondo del Amianto reduce las indemnizaciones judiciales»

El Fondo de Compensación del Amianto ha reducido las indemnizaciones a los familiares de dos trabajadores de Sunsundegui fallecidos que habían establecido sendas sentencias del Juzgado de lo Social número 1 de Iruñea, según denunció ELA.

Nuria Alamillo, hija de un trabajador fallecido, y David Pena, abogado de Bidelagun.
Nuria Alamillo, hija de un trabajador fallecido, y David Pena, abogado de Bidelagun. (Iñigo URIZ | FOKU)

El Fondo de Compensación del Amianto, que entró en vigor el pasado día 18, ha recortado las prestaciones reconocidas en sendas sentencias judiciales a los familiares de dos trabajadores de Sunsundegui, en Altsasu, fallecidos por este material, según dio a conocer ELA.

David Pena, abogado de la fundación Bidelagun, vinculada a ELA, explicó que el Juzgado de lo Social número 1 de Iruñea reconoció prestaciones a dos trabajadores jubilados de Sunsundegui que fallecieron como consecuencia del amianto, estableciendo las compensaciones que debían cobrar sus viudas e hijos. Al estar Sunsundegui en concurso de acreedores, se ha declarado insolvente respecto al pago de estas indemnizaciones, que han sido asumidas por el Fondo de Compensación del Amianto.

Sin embargo, según denunció Pena, estas compensaciones serán inferiores a las reconocidas en sentencias judicial. Concretamente, en el primer caso se establecía una compensación de 206.000 euros para la viuda, dos hijas y un hijo. El Fondo solo abonará 96.000 euros, 110.000 menos que los fijados en la sentencia. En el segundo caso, el Fondo no asumirá el recargo del 40% en la pensión de viudedad, ya que «no cubre los recargos ni otras prestaciones, sino solo indemnizacions a tanto alzado». Se estima que tras el recargo, la viuda debería recibir 172.000 euros, pero solo recibirá del Fondo 64.000 euros.

«Ambos casos demuestran de manera evidente que el Fondo es insuficiente, restrictivo y discriminatorio, y que atiende a criterios economicistas más que a criterios reparadores», constató Pena, que considera que los familiares de los trabajadores muertos por la exposición al amianto sufren «una revictimización».

«DISCRIMINATORIO»

El abogado de la fundación Bidelagun subrayó que ha quedado perfectamente acreditado en los tribunales que los trabajadores de Sunsundegui estuvieron expuestos al amianto, ya que no recibieron información sobre esta sustancia hasta 1987 a pesar de que las normas vigentes desde 1941 lo exigían. Como consecuencia, barrían las fibras de amianto sin protección, se llevaban la ropa sucia a casa para lavarla exponiendo a sus familias, los vestuarios no disponían de taquillas para separar la ropa sucia de la limpia e, incluso, usaban las placas de amianto para calentar la comida.

Pena subrayó que el Fondo no cumple su función, ya que además de reducir de compensaciones fijadas judicialmente, excluye enfermedades como la neoplasia bronquial, el cáncer gastrointestinal o el de ovarios, ahondando en la brecha de género al olvidar a las mujeres que lavaban la ropa de sus maridos. También excluye a ascendientes, hermanos y otros allegados.