Miles de personas salieron ayer a las calles de Atenas y de otras ciudades griegas en el marco de una huelga general del sector público que prácticamente paralizó el país. Se trata de la segunda gran movilización en menos de dos semanas contra un proyecto de ley que plantea ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias.

La huelga de 24 horas, convocada por Adedy —el principal sindicato del sector público—, dejó a Grecia sin trenes interurbanos y sin servicios marítimos de pasajeros tras sumarse al paro los sindicatos de marineros. La capital amaneció sin metro ni trenes de cercanías, aunque los trabajadores del metro decidieron operar durante algunas horas de la mañana y el mediodía para facilitar el desplazamiento de manifestantes hacia los puntos de concentración.

Frente al Parlamento heleno, en el corazón de la capital, se congregaron unas 10.000 personas, según cifras policiales y sindicales. La protesta coincidió con el inicio del debate parlamentario sobre el controvertido proyecto de ley, cuya votación está prevista para hoy.

Desde el escenario de la movilización, distintas voces denunciaron el impacto que tendría la reforma en la vida cotidiana de miles de familias. Spiros Vettas, docente de educación secundaria, advirtió que la ampliación de la jornada laboral no solo afectaría al sector privado: «Si los padres trabajan 13 horas al día, alguien tendrá que cuidar de los niños. Eso podría tener consecuencias también en nuestros horarios», explicó. A ello sumó su preocupación por un eventual aumento de la violencia y la criminalidad en las escuelas debido a la ausencia prolongada de los progenitores.

FALTA DE CONSENSO

Aunque el proyecto de ley impulsado por el Gobierno del primer ministro Kyriakos Mitsotakis está dirigido al sector privado, el principal sindicato de este ámbito, GSEE, decidió no unirse al paro. Desde Adedy, Yorgos Petrópulos, miembro de su Comité Ejecutivo, calificó esta ausencia como «incomprensible» y lamentó que no se convocara una huelga conjunta sobre un asunto que afecta directamente a esos trabajadores.

La iniciativa legislativa, respaldada por la mayoría absoluta en el Parlamento del partido gobernante, Nueva Democracia, permitiría a los empleadores solicitar jornadas de hasta 13 horas diarias, ofreciendo a cambio una bonificación del 40% por cada hora extra trabajada. El Ejecutivo defiende que se mantiene el límite de 48 horas semanales y 150 horas extraordinarias al año. La ministra de Trabajo, Niki Kerameos, precisó que esta extensión de jornada solo podría aplicarse legalmente en un máximo de 37 días anuales.

El Gobierno presenta el proyecto como una medida de «modernización» y adaptación a las «necesidades laborales y empresariales actuales». Por el contrario, los sindicatos y la oposición de izquierdas lo consideran un retroceso histórico que empuja al país hacia una «época medieval» en materia de derechos laborales.