El responsable de la frontera del Gobierno de Trump, Tom Homan, conocido como el «zar» por sus poderes en la política migratoria, anunció ayer el fin del despliegue masivo de agentes de inmigración en el estado de Minnesota, durante el que este cuerpo parapolicial mató a dos estadounidenses.

Según el «zar», la Operación Metro Surge «ha dado los resultados satisfactorios» que la Casa Blanca esperaba y destacó el trabajo junto a los funcionarios locales «para mejorar la coordinación». «Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota ya no es un estado santuario para los delincuentes», alegó Homan.

Los resultados «satisfactorios» se han traducido en un clima de violencia y acoso que ha aterrorizado a la población y en la muerte de dos estadounidenses, Renée Nicole Good y Alex Pretti, tiroteados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Tras el fallecimiento del segundo, cuando protestaba por las redadas en la ciudad, la tensión escaló a tal nivel que Trump llegó a amenazar con activar la Ley de Insurrección para desplegar al Ejército. Pero la indignación y las protestas estaban llegando más allá de lo que preveía la Administración, y el Ejecutivo federal retiró del estado a Gregory Bovino, comandante general de la Patrulla Fronteriza, que estaba a cargo de coordinar el operativo y que se hizo conocido por su imagen evocadora de escuadrones fascistas.

En su lugar destinó a Homan, que el 4 de febrero ya anunció la retirada de 700 agentes. «El presidente Trump me envió aquí no porque la operación se estuviera llevando a cabo a la perfección, sino para identificar los problemas y aplicar soluciones que mejoraran la ejecución de nuestra misión», apuntó ayer.

Según Homan, desde que comenzó la Operación Metro Surge, se han llevado a cabo más de 4.000 arrestos.

«NADA HA CAMBIADO»

Pese al fin del despliegue masivo, el responsable del cuerpo fronterizo avanzó que un «pequeño contingente de personal» permanecerá durante un tiempo en Minnesota para «transferir el mando y control completos a la oficina local».

Negó que la medida suponga una «marcha atrás en la aplicación de leyes migratorias o en la promesa de llevar a cabo deportaciones masivas». «Priorizar las amenazas a la seguridad pública y a la seguridad nacional no significa que nos olvidemos de todo lo demás. El presidente hizo una promesa: llevar a cabo una deportación masiva. Y eso es lo que este país va a tener. Nada ha cambiado», afirmó.

Lejos de rectificar por la represión, aseguró que «agredir por la fuerza, resistirse, oponerse, obstaculizar, intimidar o interferir con un agente federal es un delito. Habrá tolerancia cero si se cruza esa línea y se le ponen las manos encima a un agente del ICE».