30/11/2013

El PP prevé fuertes multas por exhibir fotos de presos u «ofender a España»

El Gobierno español lanza un guiño a lobbys ultras como la AVT con una de Ley de Seguridad Ciudadana que prevé multas de hasta 30.000 euros para quien exhiba fotos de presos pese a que los jueces no lo consideren delito o para quien «ofenda a España».

Alberto PRADILLA MADRID
P006_f01_147x144

La exhibición de fotografías de presos vascos o participar en actos de «homenaje» serán considerados como una infracción «grave» dentro de la futura Ley de Seguridad Ciudadana presentada ayer por el ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, y serán castigadas con multas de entre 1.001 y 30.000 euros. De este modo, y pese a que ya hay varias sentencias (entre ellas del Tribunal Supremo español) que han avalado que mostrar el rostro de un prisionero no constituye un delito, esto podrá ser castigado igualmente por la vía administrativa. Este incremento de la presión sobre el apoyo a los presos llega en un contexto de fuertes presiones del lobby ultra encabezado por la AVT, que se ha mostrado muy beligerante con el Gobierno español tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que puso fin a la denominada «doctrina Parot». La nueva normativa, que viene a sustituir a la «Ley Corcuera» de 1992, aprovecha también para imponer fuertes sanciones (de 1.001 a 30.000 euros) contra un indeterminado tipo de «ofensas a España y sus símbolos», al tiempo que achica el espacio a protestas como los escraches, que también serán castigados con multas.

«¿Qué es una ofensa a España o a sus instituciones? Pues imagínese una manifestación en la que se llevaran pancartas o se gritaran consignas que fueran claramente ofensivas o vejatorias en relación con España». De este modo resolvió Fernández Díaz la pregunta clave: qué entiende el Gobierno español por «ofensa». Entrando en casos concretos, indicó que, por ejemplo, quemar la bandera sí que podría ser castigado. Lo que no entraría serían las pitadas al himno español en los estadios de fútbol, que según Jorge Fernández Díaz ya entran en la Ley de Seguridad del Deporte, que contempla 650.000 euros de sanción máxima.

El proyecto llega con una semana de retraso después de las primeras filtraciones a medios. Aunque a nadie se le escapa que aquellas buscaron ejercer de «globo sonda» ante una normativa que ataja los flecos que quedaron en el ya de por sí restrictivo proyecto de nuevo Código Penal. De este modo, en lugar de considerarse conductas «muy graves (con multas de entre 30.001 y 600.000 euros)» actos como protestar frente al Congreso sin permiso, estas pasarán a ser «graves», lo que también implica una cuantiosa sanción. Resulta evidente que las incesantes movilizaciones (escraches, marchas sin comunicar, choques con la Policía o protestas en actos públicos) son uno de los objetivos. También la «obstrucción» de funcionarios, en referencia, sin nombrarlas, a las paralizaciones de desahucios. La normativa tendrá ahora que ser avalada por distintas instancias del Estado antes de que llegue al Congreso y el PP aproveche su mayoría absoluta para imponer el complemento al «código Gallardón».

«Con Policía o Guardia Civil no ocurriría»

El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, aprovechó para lanzar dardos contra la Ertzaintza a cuenta de homenajes a presos vascos recién excarcelados que fueron denunciados en la Audiencia Nacional por el delegado del Ejecutivo de Madrid, Carlos Urquijo. «Es evidente que en el País Vasco quien tiene la competencia en materia de orden público es la Ertzaintza. Les aseguro que si fuera la Policía o la Guardia Civil eso no se hubiera producido, y prefiero quedarme ahí y no ir más allá», afirmó Fernández Díaz. Una nostalgia por la presencia de uniformados españoles en la CAV que luego tuvo que matizar afirmando defender las competencias de la Policía autonómica. Un planteamiento, no obstante, que provocó al respuesta de Estefanía Beltrán de Heredia, consejera de Interior del Gobierno de Lakua, que defendió que la Ertzaintza «está para cumplir la legalidad». En medio de esta discusión entre jefes policiales, Amaiur emitió una nota para denunciar que la nueva ley «supone una involución democrática que nos lleva 40 años atrás». A.P.

La trampa. Jorge Fernández Díaz insistió en que se trata de un planteamiento «garantista». Pero lo cierto es que, al sacar del ámbito penal ciertas conductas, se incrementa el poder de la Policía, que puede multar sin pasar por el juez a no ser que se llegue a un recurso.