Ni Gobierno español ni PP ni PSOE respondieron ayer a la multitudinaria manifestación que reivindicó en Bilbo «Paz, resolución y derechos humanos». Previamente, antes de que la marcha tuviese lugar, los dos principales partidos españoles habían delegado en sus sucursales en la CAV, quienes censuraban al PNV su participación en la protesta junto a la mayoría política y sindical vasca. La ausencia de respuesta política en Madrid no oculta el interés y, sobre todo, la preocupación, que ha despertado la movilización en el Estado. De hecho, durante toda la jornada, la noticia rivalizó con la posibilidad de que la infanta Cristina declare como imputada el próximo 8 de marzo como apertura para todos los medios digitales españoles. Eso sí, poniendo el foco en las consignas coreadas a favor del respeto los derechos de los presos y en la unidad de las formaciones abertzales.

Ni Mariano Rajoy, que ayer se encontraba en Toledo junto a la cúpula del PP, preparando la convención que su partido celebra en Valladolid a finales de mes, ni Alfredo Pérez Rubalcaba hablaron. Quien sí lo hizo fue Ricardo Sixto, de IU, que afirmó que su coalición «no comparte al cien por cien» los objetivos e intereses de la protesta, aunque defendiendo que pudiese realizarse.

La denuncia de Portero

Como estaba previsto, las asociaciones de víctimas de ETA que exigieron el veto fueron las voces más críticas contra el acto. De hecho, Dignidad y Justicia, asociación liderada por Luis Portero, anunció estar dispuesta a querellarse contra Ismael Moreno por «prevaricación» por autorizar la marcha. Dentro de este mismo lobby, Ángeles Pedraza clamaba también contra el juez de la Audiencia Nacional.

Mediáticamente, ninguna edición digital pudo obviar la importancia histórica de la manifestación. Dentro de una unanimidad casi absoluta, los mensajes oscilaban entre la censura al PNV y voces aisladas, como en «El País», que apelaban a otra política en Euskal Herria.