La Procuraduría de Colombia confirmó el lunes la destitución e inhabilitación por quince años del alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro, cuya continuidad en el cargo depende ahora del presidente, Juan Manuel Santos, y de las posibles medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la decisión del procurador ultraderechista Alejandro Ordóñez es de última instancia. Petro, exguerrillero del M-19, había apelado la sentencia del pasado 9 de diciembre en su contra por «tres faltas gravísimas» en la implementación de un nuevo modelo de recolección de basuras en la capital colombiana en diciembre de 2012. El alcalde convocó a la ciudadanía a movilizarse de forma «masiva» y «permanente» para oponerse al fallo que tildó de «golpe de Estado» de la derecha más radical, encarnada por Ordóñez.