Cinco meses de cárcel es la petición efectuada por la Fiscalía contra cinco arrantzales, acusados de colocar la ikurriña gigante que retrasó el chupinazo sanferminero en Iruñea. Otros dos quedan exculpados. La imputación es de «desórdenes públicos» con la circunstancia agravante de haber usado pelucas. Nada más. Una protesta por tanto, según asume implícitamente el fiscal, pacífica e inocua.

Ello convierte aún en más disparatado el alcance de la investigación, azuzada por el alcalde de Iruñea, Enrique Maya, cuando declaró que «lo pagarán». Quien tendrá realmente una cara factura será el erario público, porque en la investigación no se han escatimado gastos.

Como reveló GARA en octubre pasado, el juez encargó a un laboratorio de Barcelona la realización de 22 pruebas de ADN con efectos encontrados en los tejados de la Plaza del Ayuntamiento desde los que se extendió la ikurriña gigante: a saber, una barba, dos gorros de paja, una peluca, tres latas de cerveza, dos polos, una sudadera, tres pajitas, varios colillas...

Los investigadores intentaron asimismo extraer huellas dactilares del mango de una de las cañas de pescar frotando con un bastoncillo. También se practicaron pruebas lofoscópicas, sin gran resultado. Se investigaron las llamadas de teléfono de los acusados y otras personas, así como los movimientos de sus tarjetas de crédito. Y se hicieron seguimientos a los sospechosos, de julio a octubre, solo para corroborar que sabían escalar.

Además, trascendió que los policías acudieron a numerosos comercios de Iruñea y alrededores para investigar quién había adquirido cañas de pescar y otros enseres usados en la protesta. De hecho, en el sumario consta que se ha llegado a descubrir dónde se compraron, además de los artilugios de pesca, unas gafas de sol, dos candados, un paquete de velas, las pelucas y las gafas.

El Juzgado, en línea con el objetivo del alcalde de dar al tema la mayor relevancia penal posible, encargó incluso a los especialistas de los TEDAX un estudio que determinase qué hubiera pasado en caso de que el cohete hubiera impactado en la tela, o si la protesta pudo haber desatado alguna estampida en la Plaza del Ayuntamiento.

Tras todo ello, la Fiscalía limita su petición a una cuestión de desórdenes públicos. Y circunscribe la acusación a cinco personas, exculpando a otras dos que fueron acusadas por el juez. Cabe recordar que en diciembre ya fue exonerada de cualquier responsabilidad la concejala de Bildu Patricia Perales, a quien se imputó inicialmente argumentando que había conversado telefónicamente en días precedentes con alguno de los acusados. UPN intentó a toda costa implicar en la protesta a la coalición soberanista y de izquierdas, desde la misma mañana del 6 de julio de 2013.

Manifestación en Iruñea

Precisamente ayer, una manifestación reclamó en Iruñea el fin de estas condenas. Los juicios por incidentes en el chupinazo, derivados del intento de prohibir la ikurriña o símbolos por los presos, se repiten año a año. Recientemente un joven ha sido condenado a tres años y seis meses por lo ocurrido en 2010, cuando tras una carga policial un joven de Madrid resultó gravemente herido por el lanzamiento de una botella. También se acaba de conocer una fuerte petición fiscal (tres años y medio) contra cinco personas por entrar a la Plaza del Ayuntamiento con símbolos por los presos el pasado 6 de julio.

La marcha estaba convocada por Iruñea Askatasunez y estuvo encabezada por una gran ikurriña y una bandera navarra. En la marcha se corearon con insistencia gritos de «UPN kanpora». Concluyó precisamente en la Plaza del Ayuntamiento.