Representantes de la junta gestora y de Hacienda -se espera que con la consejera, Lourdes Goicoechea, a la cabeza- se reunirán hoy para mantener un encuentro trascendental de cara a la subsistencia del club. El tema principal sobre la mesa, negociar el aplazamiento del embargo preventivo que se comunicó el día antes a la celebración de la asamblea de compromisarios y que afecta a los ingresos económicos que la entidad rojilla va a percibir por la venta de jugadores, cantidades que estaban pensado destinarse en principio al pago de la deuda que Osasuna tiene contraída con plantilla y técnicos y que, de no saldarla, dará con sus huesos en Segunda B e incluso podría derivar en su desaparición.

De momento, los 2,5 millones que el Wigan ha pagado por Oriol están bloqueados -además de que un 25% de esa cantidad tiene que ir obligatoriamente a las arcas navarras- y sucedería exactamente lo mismo con el resto de cantidades económicas por futuros traspasos, si no se llega a un acuerdo entre las partes para conseguir un aplazamiento de las actuales obligaciones que tiene contraídas Osasuna con el fisco.

Un compromiso entre Hacienda y el club rojillo que debería extenderse, según se apunta desde la gestora, a otros importes que se adeudan, como es el caso de lo que correspondía abonar por la venta de Kike Sola al Athletic, que no se ha realizado, o la cantidad que se espera haya que pagar en enero de 2015 en concepto de impuestos por salarios y fichas de la última plantilla de Primera y que ascendería a seis millones.

Negociación a tres bandas

Osasuna confiaba en enjugar la deuda que mantiene con actuales y antiguos futbolistas y técnicos -un importe global de 7,7 millones de euros, 900.000 de ellos, primas de esta última temporada, por increíble que pueda parecer para una plantilla que ha descendido- mediante los ingresos que iba a percibir con la venta de jugadores a otros equipos. A ello hay que sumar la ayuda al descenso que proviene de la Liga de Fútbol Profesional y de un fondo costeado por todos los clubes de Primera y Segunda, pero que parte de ella no se percibiría hasta el próximo octubre. La idea que se baraja es que ese dinero ni siquiera llegue al club, sino que vaya directamente a las cuentas bancarias de futbolistas y técnicos para que retiren las denuncias que han interpuesto.

Para que la entidad rojilla pueda inscribirse la próxima campaña en la categoría de plata, deberá llegar a compromisos con estos últimos, además de con la Seguridad Social y Hacienda, de ahí la trascendencia de la reunión de hoy.