Extrabajadoras de KZgunea han denunciado que la UTE adjudicataria de este servicio, formada por Indra y LKS, no ha dado continuidad a los empleados de Araba y Gipuzkoa. «Nos avisaron el día 27 de junio de que el 1 de julio era nuestro último día», explicaron Dorleta, Paula, Maider y Tania, que el pasado lunes se reunieron con el grupo parlamentario de EH Bildu para trasladarles su situación.

En declaraciones a GARA, las cuatro jóvenes señalaron que durante las últimas semanas les comunicaron que realizarían una entrevista para poder mantener sus puestos de trabajo. «Dijeron que nos iban a llamar, y no lo han hecho. Y a quienes sí han llamado les han propuesto bajadas de suelo y de kilometraje. Les han puesto condiciones para que decidan no aceptar el puesto», lamentaron.

Asimismo, criticaron que la adjudicataria ha degradado a muchos profesionales, que han pasado de ocupar un cargo de coordinador a ser designados dinamizadores; y ha cubierto puestos con personas sin experiencia, procedentes de otras empresas asociadas a la firma LKS. «Están recolocando a gente en KZgunea», destacaron las jóvenes, que cargaron contra el responsable del servicio, Luis Mari Guinea, al que acusaron de realizar los primeros recortes.

Condiciones «semiesclavistas»

En un comunicado remitido la semana pasada, los trabajadores afectados por el cambio de contrata explican que actualmente los sueldos de los dinamizadores están alrededor de los 12.500 y los 15.000 euros brutos anuales, una cantidad «muy distante de los 2.400 euros mensuales que el Gobierno de Gasteiz paga por cada uno de estos puestos a la nueva subcontrata».

Por ello, denuncian que el Ejecutivo autonómico «permite que las empleadas de un servicio público, donde se imparten clases a diferentes grupos de población con riesgo de exclusión social, sean despedidas para poner condiciones de trabajo semiesclavistas».