Pese al afán del Gobierno español por impedir testigos de lo que ocurre en las fronteras de Ceuta y Melilla, puntualmente se producen filtraciones como la difundida ayer por Human Rights Watch (HRW), una de las más potentes ONG del planeta. HRW denunció internacionalmente la agresión de la Guardia Civil a inmigrantes que intentaban saltar la valla de Melilla el miércoles de la pasada semana, apoyándose en material audiovisual filmado por un periodista al que ha tenido acceso.

La imagen muestra, destaca HRW, «cómo un agente uniformado golpea con una porra a un migrante que parece estar colgando de una cuerda y luego cómo este cae al suelo». Y añade que algunos testigos comunicaron a la ONG que «migrantes heridos permanecieron en el suelo durante horas después de caer de la valla, sin recibir asistencia médica». Señala por ello a la Guardia Civil, a quien HRW define como «policía paramilitar española».

Junto a ello, el comunicado firmado por el subdirector de Europa y Asia Central de HRW, Benjamin Ward, remarca que «devolver migrantes a Marruecos sin respetar el debido proceso podría poner sus vidas en peligro. España debe terminar con esas expulsiones ilegales sin demora», le conmina.

La pasada semana fue Amnistía Internacional quien puso el foco también sobre lo que ocurre en estas dos ciudades norteafricanas pero de dominación española. Tras la captación de imágenes en las que policías marroquíes agredían con palos a inmigrantes colgados en la valla mientras sus colegas españoles les cerraban el paso, AI dijo que la Guardia Civil «se está beneficiando» de las vulneraciones de derechos de la Policía marroquí. «España también es responsable de lo que les pase a estas personas», hizo ver su portavoz María Serrano, que anunció el inicio de una indagación.

Investigan ya en Melilla

En paralelo está el flanco judicial. Un juez de Melilla acaba de abrir un sumario al aceptar la querella de tres ONG por agresiones a inmigrantes, captadas por cámaras el pasado 18 de junio. «Las imágenes hablan por sí solas», apunta Mikel Mazkiaran, de SOS-Racismo, a la espera de que el juez determine qué diligencias concretas emprende.

Este acceso a trámite ya ha tenido un efecto colateral: el fulminante alejamiento del hasta ahora teniente coronel jefe de la Guardia Civil en Ceuta, Andrés López García, cuyo cese se había reclamado insistentemente y el Gobierno había denegado. López García está en el ojo del huracán sobre todo por lo ocurrido en febrero, cuando quince inmigrantes fallecieron ahogados al intentar llegar a la costa por la playa del Tarajal y quedó de relieve que la Guardia Civil había disparado pelotas al agua, además de emplear botes de humo y cartuchos de fogueo.

El traslado del mando de Ceuta, a Sevilla y según se afirma con carácter temporal, se produce en un momento en que está pendiente la apertura o no de una investigación judicial sobre aquellos hechos.

En este caso la querella fue interpuesta por el llamado Comité René Cassin, formado por abogados expertos en cuestiones de extranjería andaluces y ceutíes. Entre otras cosas, reclaman que se tome declaración a los guardias civiles que se encontraban en la playa del Tarajal aquel 6 de febrero.