Queriendo ahuyentar las dudas que pueda haber sobre su compromiso con la consulta, el president, Artur Mas, firmó ayer el decreto que oficializa la creación de la comisión de control de la consulta, cuyos componentes acordó el miércoles el Parlament. Un paso adelante indiscutible que ignora la suspensión cautelar del Tribunal Constitucional (TC) y que persigue calmar los ánimos de ERC y CUP, que ayer reclamaron al Govern retomar los preparativos de la consulta.

El portavoz del Govern, Francesc Homs, señaló que se trata de «un paso firme que compromete al president», aunque aseguró que no tendrá consecuencias jurídicas. Se trata de un extremo aun por ver, ya que se trata de una firma indispensable para la consulta del 9 de noviembre. De hecho, durante la votación de la comisión de control -que ejerce de Junta Electoral Central-, los servicios jurídicos de la Cámara catalana señalaron que los diputados no cometían ninguna ilegalidad, ya que la constitución oficial de la comisión dependía del decreto presidencial. Pues bien, firmado el decreto, cabría entender que Mas realizó el primer acto de desobediencia al TC.

Sean cuales sean las consecuencias legales, sobre las que se hablará largo y tendido hoy, Mas envió con su firma un mensaje de tranquilidad a ERC y CUP y trató de demostrar que la paralización temporal de los preparativos de la consulta afecta solo a aquellas decisiones que puedan tener consecuencias jurídicas para funcionarios o particulares. Es decir, que él como president está dispuesto a asumir las consecuencias.

Cabe recordar, en este sentido, que el president se reunirá hoy con representantes de todos los partidos soberanistas en el Palau de la Generalitat, en un encuentro crucial para tratar de consensuar los pasos a seguir a partir de ahora; un consenso que ayer reclamaron la ANC, Òmnium Cultural y el Pacte Nacional pel Dret a Decidir y del que los eurodiputados de CiU, ERC e ICV-EUiA hicieron gala en Bruselas, con una comparecencia conjunta.

Pero una cosa es Bruselas y otra Barcelona. Aunque las reuniones bilaterales del miércoles calmaron los ánimos, ayer el presiente de ERC, Oriol Junqueras, el líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, y el diputado de la CUP David Fernández mantuvieron encuentros en el Parlament para poner en común sus posicionamientos de cara a la reunión de hoy. Aunque como viene siendo habitual, de ICV-EUiA no se supo nada, Junqueras y Fernández escenificaron en los pasillos su acuerdo para reclamar al Govern que retome los preparativos de la consulta paralizados el martes, según señalaron.

Una exigencia que también tuvo su eco en la calle, donde los sindicatos de estudiantes concluyeron una jornada de lucha con una manifestación por el centro de Barcelona, con el objetivo de calentar motores para la huelga que han convocado para los próximos días 7 y 8 en defensa de la consulta. Acabada la marcha, varias decenas de personas se dirigieron a la plaza Catalunya convocadas por la plataforma `Independència per canviar-ho tot', vinculada a la Esquerra Independentista. Tras una asamblea, decidieron acampar en la plaza con el objetivo de defender la consulta y extender la desobediencia al TC.

Votaciones en el pleno

El larguísimo pleno del Parlament fue también escenario de otros pasos, como la moción aprobada por CiU, ERC y CUP instando al Govern a acelerar la creación de las estructuras de estado -ICV-EUiA se abstuvo- o el acuerdo para recusar a dos de los magistrados del TC. Pedirá que ni el presidente, el exmilitante del PP Francisco Pérez de los Cobos, ni Pedro José González-Trevijano puedan participar en las deliberaciones.

También vivió votaciones de gran relevancia como la aprobación de una ley pionera en defensa del colectivo LGTBI o la creación de una comisión de investigación del fraude fiscal.