10/10/2014

EDITORIALA
Iguala, síntoma de un sistema corrupto

Numerosas localidades de México fueron escenario ayer de múltiples manifestaciones que exigieron el esclarecimiento de lo ocurrido con 43 estudiantes de Magisterio en Iguala, Guerrero. Una de las consignas de los manifestantes rezaba «Normalistas, víctimas del narcoestado», en denuncia de la más que supuesta y directa implicación de las autoridades locales y policías en los hechos. Una implicación fruto de la corrupción y la colaboración con los cárteles y la delincuencia organizada que no se circunscribe a Iguala ni siquiera al estado de Guerrero. A ello, además, se le ha de añadir la responsabilidad de las administraciones a todos los niveles, incluida la federal, no solo en su falta de diligencia ante semejante tragedia, sino en su inacción y ocultamiento de los indicios que apuntaban a las actividades gravemente delictivas del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, ahora en paradero desconocido. Unos inicios especialmente claros desde la ejecución de tres activistas sociales el año pasado.

Los sucesos de Iguala deben ser investigados, por supuesto, pero la exigencia de los mexicanos va más allá. Consiste en el final de la impunidad y la violencia que azota al país, especialmente a los ciudadanos más desfavorecidos e indefensos con el consentimiento e incluso la complicidad institucional. Esa investigación debería ser, asimismo, una oportunidad para comenzar a abordar las causas, estas sí conocidas, de esa manifestación brutal de un sistema controlado por poderes que lo manejan a su antojo dotándole de apariencia democrática, mientras expolian a las clases populares y suprimen a quienes se oponen al orden establecido, criminalizándolos y, si es preciso, eliminándolos.

La reacción ante lo ocurrido en Iguala ha sido notable, hasta alcanzar una dimensión internacional. Organismos humanitarios, también oficiales como la ONU y la OEA, se han sumado a la exigencia de esclarecimiento de los hechos, y con ello han dejado aun más en evidencia la desididia de las autoridades mexicanas al respecto, las cuales deberán actuar para al menos conservar su escasa credibilidad.