La polémica que de forma interesada ha sacado a la luz Lanbide y el consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Juan Mari Aburto, no está cerrada. Afectados indican que «de cobros indebidos», nada de nada, sino que, en todo caso, son «pagos indebidos» y, a la vez, aseguran que lo que ha aflorado, que tanta repercusión dijo Aburto la semana pasada en el Parlamento de Gasteiz, tiene que ver «con el miedo a perder las prestaciones sociales». La plataforma Argilan contra la exclusión social de ESK sostiene que Lanbide ha remitido las cartas sin explicar de dónde salen las cantidades que se reclaman y, además, sostiene que «han estado esperando la ocasión para saltar con este tema, porque en agosto no han podido revisar 10.000 expedientes y encontrar esa cantidad de irregularidades que dicen», precisa Alex Henares, de Argilan.

GARA estuvo en contacto con Nuria Fernández, de Bilbo, Eska Araiz, de Ortuella, y Bibiana Estrada. Tres casos que han recibido las cartas. A Nuria, Lanbide le reclama en dos misivas unos 2.800 euros; a Eska, 1.175 euros; y a Bibiana, 6.281 euros. Todos ellos confirman que cada vez que han tenido un trabajo han comunicado a Lanbide y han presentado «los contratos y los certificados de las nóminas». Por lo que el vecino de Ortuella apunta que «no será por cobros indebidos, sino que debemos corregir al consejero y a Lanbide, por pagos indebidos».

La trampa se encuentra, como explica Henares, de la plataforma Argilan, en que la administración pública, en este caso Lanbide, tiene cuatro años para controlar y dar marcha atrás en determinadas decisiones, cuyo cargo recae en el afectado. Por contra, los afectados solo tienen un mes para presentar alegaciones, como está siendo el caso actual. Argilan está estudiando una posible demanda, porque entienden que este colapso que ha anunciado el consejero Juan Mari Aburto tiene que «venir de lejos» pero, «o no se han atrevido a sacar esta `patata caliente' en su momento o han esperado a éste momento donde por cercanía del período electoral se ha abierto esta caza y criminalización de quienes no tienen recursos para vivir».

Nuria Fernández explica que siempre ha comunicado las altas y bajas en contratos que ha tenido. En julio avisó a Lanbide que le suspendieran la RGI, porque iba a estar trabajando hasta enero. De nada sirvió. Recibió tres cartas seguidas. «Siempre he comunicado. Me dicen que trabajé en 2013. Sí, pero no especifica que la cuantía que me piden, 3.600 euros, por un lado, y otros 200 euros, por otro, a qué corresponde». De hecho, Henares explica que, tras analizar «por encima» los datos, «como mucho debería de pagar 1.700 euros».

Eska Araiz asegura que lleva cobrando la RGI durante tres años, en distintos periodos. «Todo está supercomunicado y controlado por las nóminas. Me vino la carta con la obligación de tener que pagar 1.175 euros, que para mí es una cantidad muy importante. No me dan pie a alegaciones y me dicen que si no estoy de acuerdo, que deberé esperar al proceso de de reintegro para reclamar». No entiende que, si entregas todos los papeles y nóminas, «después nos vengan con estas. Porque ellos son los que te quitan o te dan en función de lo que ingresas en esos trabajos, que son siempre precarios», explica este joven.

Bibiana Estrada debe, según Lanbide, 6.281 euros. Son cuatro en la familia, y su marido ahora está de baja. «Como nos mandaron la carta, al final, decidimos llegar a un acuerdo con Lanbide. Tendremos que pagar 184 euros todos los meses hasta el año 2017», dijo. Este es uno de los casos directos que «por medio a repercusiones», alcanzó un acuerdo para evitar tener problemas más adelante con Lanbide. Sin embargo, esta vecina de Deustu sostiene que «siempre hemos notificado los trabajos. Aluden a que cuando Lanbide asumió el pago de las prestaciones sociales el Ayuntamiento de Bilbo no trasladó los cambios que se habían producido en el expediente». Al final, por miedo «porque si no íbamos a cobro jurídico» llegó a ese acuerdo, que le va a condicionar «porque si nos quedamos sin ingresos, cobraremos la RGI, pero deberemos pagar esa parte importante para esa prestación económica». En este caso, tampoco está claro que esa deuda sea la que Lanbide le exige.

Fallo y Prevaricación

Henares deja claro que, a todos estos problemas, se suma que cualquier vía judicial para que les reconozcan que el error no es de quienes reciben la prestación económica, sino de Lanbide «es costosa y larga». Por lo que al final «aunque se hayan equivocado, parece que tenemos que cargar con la responsabilidad nosotros. Eso no es así».

En este encuentro, destacan, sobretodo, que «Lanbide y el consejero Aburto lo sabe, están jugando con el miedo de las personas a quedarse sin nada, sin amparo legal ni ayudas económica».

Henares, por otro lado, advierte de que todavía hay reclamaciones ante Lanbide que no han obtenido respuesta, un año y medio después, por lo que entiende que «con estos hay instaurado la ley del miedo» para «intentar decir ante la opinión pública que están revisando esa situación», pero la realidad es que «Lanbide ha dado el visto bueno y ha validado los procesos, una vez que los afectados han entregado la documentación completa. ¿Qué ha hecho Lanbide con la misma? ¿Por qué no la ha actualizado?». La realidad es que «si es un fallo de ellos, ¿por qué deben cargar los afectados con su negligencia?». Y no descarta que haya prevaricación en estas actuaciones.