Nadie se hizo el sorprendido. El Tribunal Constitucional hizo buenos todos los pronósticos y suspendió el proceso participativo del próximo domingo, dejando la pelota del 9N otra vez en campo catalán. Y allí se quedará, ya que el bloque soberanista defendió mantener la convocatoria diga lo que diga el Constitucional. Desde el Govern hasta los partidos, pasando por las entidades soberanistas, todos coincidieron, al menos ayer, en mantener la llamada a las urnas para el próximo domingo.

El primero en hacerlo fue el portavoz del Govern, Francesc Homs, quien señaló que «todo está a punto para el 9N» y aseguró que «el Govern mantiene el proceso participativo con todas sus consecuencias». No hubo periodista capaz de sacar al portavoz gubernamental de estas dos frases, ya que no quiso explicitar si eso suponía ejercer la desobediencia, ni quiso garantizar ni dejar de garantizar que el domingo los institutos públicos abrirán para acoger las urnas. De hecho, la respuesta a esta pregunta fue la siguiente: «Si me preguntas si garantizo que estaré vivo de aquí al domingo, te diré que tengo esa intención. Valga como respuesta».

Lo único que añadió fue que el president pidió una reunión del Pacte Nacional pel Dret a Decidir (PNDD), que finalmente se celebrará el viernes, no para traspasar responsabilidades sobre el 9N, sino «para hacer piña», según Homs.

El portavoz también explicó que el Govern, además de presentar alegaciones contra la suspensión del Constitucional, presentará ante el Supremo una demanda contra el Gobierno español por atentar contra los derechos a la participación, a la libertad de expresión y a la libertad de opinión. Algo que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, consideró «exótico».

Abrir locales y sacar las urnas

La limitada reacción del Govern dejó varios interrogantes que abrieron todo un abanico de interpretaciones, tanto en el bloque soberanista como en el unionista. Hubo quien vio un anuncio de desobediencia y quien vio una manera de ganar tiempo hasta el viernes, día en que el Govern podría delegar en el PNDD la gestión de la convocatoria. En cualquier caso, la demanda en las filas soberanistas fue unánime: abran los locales y saquen las urnas.

El primero en hacerlo fue, desde el Parlament, el diputado de la CUP Quim Arrufat, quien «con toda la prudencia», consideró «correcta» la reacción del Govern. Pero por si acaso, exigió a Mas que «no se eche atrás», que «aguante el pulso» y que concrete «qué cobertura ofrecerá a los voluntarios». A su vez, pidió a la gente «que se prepare para desobedecer y que el 9N, con la papeleta en la mano, busque las urnas y los colegios electorales».

Palabras muy parecidas a las de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que antes de intervenir en un acto de la campaña de su partido para el 9N defendió «seguir adelante» y exigió al Ejecutivo catalán que se mantenga «al frente».

También se mantuvo en la misma línea el portavoz adjunto de ICV-EUiA en el Parlament, Joan Mena, que tildó la actitud del Estado de «persecución democrática» e instó al Govern a «garantizar que el 9N los catalanes que quieran puedan ir a participar en el proceso de participación». Con menos exigencias hacia el Govern, como cabe entender, el coordinador general de CDC, Josep Rull, explicó que para ellos «no cambia nada».

«Todo va adelante, con tranquilidad, determinación y confianza», añadió.

Desde las entidades sociales, en una carta dirigida a la ciudadanía, las presidentas de la ANC y de Òmnium Cultural, Carme Forcadell y Muriel Casals, respectivamente, subrayaron que «lo que está en juego es la democracia» y consideraron que es «imprescindible que todos vayan a votar el domingo». Admitieron que están ante un «reto titánico», pero para conseguirlo, hoy mismo ponen en marcha una maratón de llamadas con la que esperan poder llamar a todos los hogares catalanes en los próximos días.

La respuesta desde el unionismo tuvo varios registros. Desde el más histérico, protagonizado por la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que exigió a Mas que acate la suspensión y auguró todo tipo de plagas y «consecuencias legales» para los funcionarios que participen en «la fiesta de la ilegalidad», hasta el del portavoz parlamentario del PSC, Maurici Lucena, que también pidió al Govern que acate la decisión del TC, pero que no vio «ningún problema» en que la organización de la convocatoria pase a manos de entidades de la sociedad civil. Una idea que en los últimos días también han abonado diversos representantes del PP, dando a entender que se conformarían con que el Govern deje de ponerse al frente del 9N. Algo que ayuda también a entender los recelos del resto de partidos soberanistas a que Mas delegue el viernes la organización del 9N en el PNDD.

En cualquier caso, el unionismo no se quedará en casa. Según anunciaron ayer por separado, PP y Ciutadans están orga- nizando actos «en defensa de la democracia», en palabras de la diputada de Ciutadans Inés Arrimadas. No detallaron, sin embargo, si habrá algún tipo de coordinación entre ambos.

En el Gobierno español, tanto el ya citado Catalá como con anterioridad la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se mostraron convencidos de que Mas acatará la suspensión. Un tema en el que el presidente, Mariano Rajoy, ni siquiera quiso entrar en un acto en Alicante, donde se limitó a señalar que está abierto a abordar una reforma constitucional, pero sin incluir un derecho a la autodeterminación que «no existe en ningún país del mundo».