09/11/2014

Marlaska, mudo ante la prueba de que desoyó la denuncia de Bea Etxebarria

En ETB, el periodista de GARA Alberto Pradilla puso ante los ojos de Fernando Grande-Marlaska una prueba de su desatención a la tortura: recibió el informe en que Bea Etxebarria refería un abuso sexual y no hizo nada. El juez se revolvió incómodo: «¿Vengo a ser interrogado?».

GARA DONOSTIA
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Muy pocas veces el tema de la tortura llega a las pantallas de televisión, y probablemente nunca se ha puesto ante los ojos de un alto responsable de la Audiencia Nacional con la rotundidad con que ocurrió anteayer en ETB-2. En el programa nocturno ``Por fin es viernes'', el periodista de GARA Alberto Pradilla interpeló directamente al jefe de lo Penal de la AN, Fernando Grande-Marlaska, acerca de su responsabilidad personal en estos casos. Y no fue una apelación genérica, sino concretada en lo ocurrido con Bea Etxebarria, que denunció una violación en comisaría en una redada ordenada por este magistrado.

El caso acaba de ser sentenciado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha condenado al Estado español por no investigar la denuncia de la detenida. Pero Pradilla fue más allá y puso sobre la mesa el documento que demuestra que Grande-Marlaska tuvo que ser plenamente consciente de lo que ocurría, porque en el informe médico-forense emitido el 2 de marzo de 2011 (al día siguiente del arresto, cuando la joven seguía en los calabozos) se hace constar ya este testimonio.

El forense Juan Miguel Monge Pérez explica allí al juez que la joven afirma que «ha sufrido maltrato físico, que le intentaron introducir un palo de escoba por la vagina sin llegar a la penetración, que le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza (...), que no llegó a perder el conocimiento y también que le echaron agua en el cuerpo para aplicarle electrodos, pero que no lo hicieron».

Pradilla preguntó a Grande-Marlaska por qué no hizo nada en este y otros casos. El juez se revolvió, incómodo y nervioso por la situación. Hasta en dos ocasiones reclamó la intervención del presentador del programa, planteando primero que «no sé si vengo a ser interrogado en mi proceder» y después, como queja evidente, que «estoy hablando por educación». El presentador le recordó que solo se le estaban formulando preguntas y que había sido invitado al estudio de Bilbo precisamente para responderlas.

Acorralado por los datos, Grande-Marlaska dijo que finalmente en algunas ocasiones sí ha acudido a centros de detención (sin concretar caso alguno), pero que en el resto se fía de las personas que intervienen en el procedimiento. Y alegó que cuando ha visto indicios de torturas ha tomado las decisiones pertinentes. Nada de ello consta.

Al contrario, como le recordó Pradilla, la inacción como norma de Grande-Marlaska ha sido puesta de manifiesto por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) o en la contundente sentencia absolutaria de 40 jóvenes vascos emitida el pasado junio, y que señalaba muy directamente a este magistrado dado que instruyó las detenciones. Este intentó escudarse en que «esa es una interpretación un poco libre», pero el contenido del fallo es tan contundente como conocido.

El periodista de GARA, que en su condición de enviado especial en Madrid cubre habitualmente estos juicios políticos, le recordó también al juez que «he escuchado allí testimonios terroríficos, y supongo que usted también los habrá escuchado». Grande-Marlaska tampoco contestó a esto.

La entrevista a Grande-Marlaska, con mesa redonda posterior que es donde se produjo este cara a cara, había suscitado notable interés e incluso cierta polémica en las redes sociales por parte de personas que reprochaban a ETB la invitación al juez. Durante el programa, dio la impresión más bien de que fue el magistrado quien lamentó haber aceptado la invitación.

Otra situación incómoda para él se produjo cuando las víctimas de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, desde una grabación realizada previamente, le preguntaron por qué el Estado español ampara la impunidad. Grande-Marlaska lo negó, y evocó la Ley de Amnistía de 1977 frente a la querella argentina.

En el resto de cuestiones, el responsable de la AN negó que exista alguna vulneración de derechos de las personas presas y consideró lógica la situación de Arnaldo Otegi y sus compañeros dada la sentencia dictada.