«Esta es una pequeña victoria, pero un gran paso, porque va a abrir brecha a todas las familias que vienen luchando con este tema». Ángel Torrecilla, vecino de Guadalajara, se expresa así después de conocer que el juzgado de lo mercantil de su localidad terminó dándole la razón frente a Kutxabank y obliga a la entidad a devolverle todos los sobrecostes que asumió desde que firmó su hipoteca, en 2008. Se trata de la primera sentencia sobre el IRPH, considerado ilegal y una cláusula abusiva, que se obtiene fuera de Gipuzkoa, donde ya se acumulan 30 fallos contra la entidad que ahora dirige Gregorio Villalabeitia tras la renuncia de Mario Fernández. Torrecilla todavía no ha calculado cuánto recibirá del banco, aunque calcula que, mensualmente, tuvo que pagar entre 250 y 350 euros de más. Casi nada para alguien que, tres años después de contratar el préstamo, sufrió un accidente laboral y fue despedido. A su cargo está su mujer, con una minusvalía del 55%, y dos hijos: uno menor y el otro, de 27 años, que padece una discapacidad del 86%, lo que hace que dependa completamente de su familia.

La sentencia es clara. Se anula la aplicación del IRPH, se obliga a recalcular todas las cuotas abonadas con esta cláusula y a devolver las cantidades «indebidamente cobradas», según el propio juez. Cierto es que podría ser recurrida, ya que es costumbre de la entidad financiera tratar de revertir las decisiones judiciales. Por el momento, Torrecilla está satisfecho. Al menos, con una victoria que puede servir como altavoz. Según indica, en Gipuzkoa podrían existir hasta 15.000 familias afectadas. Lo sabe porque su relación con Euskal Herria es intensa. Desde que comenzó en la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), ha mantenido una estrecha relación con los activistas guipuzcoanos quienes, incluso, colaboraron en su asesoría jurídica. «Calculamos que, solo por el IRPH, Kutxabank debería pagar 100 millones de euros, lo mismo que ha ganado en el último trimestre de beneficios», explica. Aunque lo cierto es que, en su caso, fue Kutxa la que le impuso estas cláusulas, ya que contrató el préstamo antes de la fusión. No olvida, tampoco, el papel de agentes como CCOO, que han sumado sus votos a PNV, PSE y PP con el objetivo de no eliminar una tasa que, según los jueces, constituye un fraude para el consumidor. «Ellos también son responsables», afirma, amargamente.

Huelga de hambre

La lucha de Torrecilla no se ha limitado a los tribunales. Desde que quedó en paro y cuando comprobó que no podría hacer frente a los pagos se implicó en la PAH. Hubo un momento en el que las cuotas se llevaban casi todo el dinero que entraba en casa. Entre los afectados por las hipotecas, Kutxabank tiene la dudosa fama de no negociar daciones en pago. Al menos, con la presión, logró pactar el pago de una cuota de 200 euros mensuales. En todo este proceso, llegó a ponerse en huelga de hambre. En total, 11 días, el pasado mes de junio. También se manifestó frente a la sede de Kutxabank en Bilbo. En este proceso, Torrecilla ha conocido todos y cada uno de los desplantes habituales con los que los responsables de las entidades financieras castigan a quien no puede afrontar la deuda. En su caso, según relata, la interposición de la denuncia llevó a la directora de la oficina de Coslada, en Madrid, donde tiene domiciliado su préstamo, a amenazarles con el desahucio en caso de que fallasen un solo mes.

El agujero de la hipoteca se lo traga todo y lo que el juez descuente se lo llevará también. Aunque supondrá, al menos, un alivio. Por eso, Torrecillas insiste: «Este es un ejemplo. Animo a todos los afectados a que pongan una denuncia. Ya hay más demandas puestas». Y se ganan. como él mismo ha demostrado.