Agustín GOIKOETXEA

El secretario de Lemoa redactó el informe que le permitió asesorar en Pozueta

El secretario de Lemoa, Juan María Magro Sánchez, redactó en 1993 el informe jurídico que avalaba que pudiera ejercer la abogacía al margen de su trabajo en el Consistorio. Gracias a ello intermedió en la operación urbanística de Pozueta, de la que dio detalles al Pleno el lunes.

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En un pleno extraordinario convocado el lunes a instancia de PNV y PSE, el secretario municipal de Lemoa dio lectura a una declaración con la que pretendió justificar que, a través de una empresa que él creó y que controlaban familiares suyos, efectuara trabajos de asesoramiento en la operación de reparcelación del polígono industrial Pozueta. El funcionario leyó el escrito que remitió el 9 de diciembre a los grupos políticos suplicándoles que convocaran esa sesión plenaria y trató de responder a los nuevos datos que desveló la alcaldesa, la soberanista Saioa Elejabarrieta.

Magro dijo sentirse «indefenso» por las informaciones relativas a su actividad profesional al margen de su condición de empleado público y se mostró contrariado porque EH Bildu no hubiera contrastado con él los datos antes de ofrecer una rueda de prensa y acudir a la Fiscalía con la documentación que obraba en su poder. No se salió el funcionario del guión que había previsto, aunque contó en esta ocasión con el respaldo desde los asientos del público de su hija, abogada y socia de la empresa que dio origen a la polémica, que intervino en el punto de ruegos y preguntas para avalar la tesis de su progenitor.

La hija del secretario, al igual que su hijo -por entonces menores de edad- y su esposa eran los socios mayoritarios de Elcano Servicios Urbanísticos SL después de que Juan María Magro Sánchez les cediese, en octubre de 2003, el control de la sociedad que constituyó en enero de 2002. El secretario trabajó al margen de la actividad encomendada en el Ayuntamiento desde 1989, según reconoció, y en 1993 fue quien rubricó el informe que avalaba que pudiera ejercer profesionalmente como abogado.

Incompatibilidad desde 2012

Ese documento sirvió para que el Pleno permitiera esa actividad hasta 2012, cuando a instancia de EH Bildu se le retiró ese privilegio, con la abstención de PNV y PSE. El secretario no recurrió esa decisión de la Corporación a pesar de que iba en contra de sus intereses.

Lo chocante es que en 1998 el secretario de Lemoa emitió un informe jurídico en el que rechazaba la posibilidad de que su homólogo en la Mancomunidad de Arratia ejerciese otra labor, algo que fue recordado el lunes por la primera edil.

En abril de 2004, según recordó el secretario, informó de sus actividades de intermediación urbanística en el sector industrial de Pozueta a miembros de la Corporación aunque, tal y como desveló el lunes Elejabarrieta, esa documentación no consta en el Ayuntamiento. Una y otra vez, Magro insistió en que no percibió cantidad alguna de Pozueta Promozioak SL, pero sí la empresa que constituyó.

Deudas de 150.000 euros por errores en la gestión urbanística

Las promotoras Swain Inversiones SL e Inmobiliaria y Desarrollos Tabira SL deben al Ayuntamiento de Lemoa 150.000 euros en concepto de licencia y tasas por las edificaciones de Pozueta Residencial y los pabellones que están entre Zubiziku y la estación. El actual Gobierno municipal de EH Bildu lamenta que no puedan ser reclamados a esas empresas al no haberles pedido los anteriores responsables, del PNV, el preceptivo aval.

La coalición soberanista denuncia que las promotoras «tuvieron total libertad» a la hora de realizar «modificaciones a la carta, como en Pozueta Residencial», donde de 187 viviendas programadas se acabaron construyendo 209 pisos.

A la falta de planificación achacan también que se impulsase el proyecto de San Ignacio, con alrededor de 360 viviendas y un coste de 500.000 euros, «en un momento en el que ya era claro que no era viable». EH Bildu critica que, al darse cuenta el PNV de que no podría cargar ese coste a los propietarios, en su mayoría vecinos de Lemoa, se decidió que se pagarán a Arkigest Estudioa SL -firma dirigida por Iskander Atutxa- 420.000 euros de las arcas municipales por ese trabajo. A.G.