Un reciente informe del Instituto Sindical Europeo (Etui) sobre el tratado transatlántico que negocian Estados Unidos y la Unión Europea -«TTIP: vía rápida a la desregulación y menor protección de la salud y seguridad de los trabajadores de la UE», elaborado por Aida Ponce del Castillo- confirma que las dos potencias al servicio de las grandes transnacionales van a eliminar las restricciones en materia de seguridad y salud en diferentes productos y protocolos. Esta semana en Bruselas se han reunido, de nuevo, las dos partes para seguir cerrando acuerdos en torno a este tratado. Admitieron que deben aportar más transparencia, pero la realidad muestra que se está ocultando el proceso porque «el daño va a ser inmenso para la población, la producción y la salud».

El informe recuerda que «desde principios del decenio de 2000, Estados Unidos y la Unión Europea destacan el papel clave que la cooperación regulatoria puede jugar en la construcción de una relación transatlántica fuerte, han insistido en la necesidad para promover la mejora de la legislación, reducir al mínimo la divergencia normativa y facilitar el comercio transatlántico. Estos principios se están convirtiendo en realidad a través del TTIP».

El Instituto Sindical Europeo afirma que el enfoque del TTIP es «la liberalización del comercio y la inversión, y tanto la Comisión Europea y EEUU han decidido que lo que ellos consideran como reglamentos innecesarios deben ser eliminados, reducidos o evitados». Advierte que «el peligro de un enfoque dirigido a la eliminación de la innecesaria regulación es que las medidas de protección importantes se consideran exclusivamente como obstáculos, pueden desaparecer o ser eliminados». Por eso, la autora del trabajo, Ponce del Castillo, insiste en que «el peligro es particularmente agudo en el campo de la salud ocupacional y seguridad, donde la desregulación pondría en peligro el principio fundamental de prevención y evitar que los Estados miembros respecto a los niveles que adoptan de protección que vaya más allá de las normas mínimas definidas por el Derecho de la UE».

Etui pone de relieve esta situación, porque entiende que el impacto potencial del tratado transatlántico sobre la seguridad y la salud en el trabajo «parece que, hasta ahora, ha pasado relativamente desapercibida». Menciona de manera clara que el mecanismo de solución de controversias entre estados e inversores (ISDS) recordó el caso de Ethyl Corp. El Parlamento canadiense prohibió, por problemas de salud, la importación y el comercio interprovincial de un aditivo de la gasolina producida por la empresa estadounidense Ethyl Corporation.

Cuando entró en vigor en el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, «Etil demandó al gobierno, pidiendo la restitución de 251 millones de dólares para cubrir los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de las prohibiciones». Menciona otros casos, como cuando Dow AgroSciences demandó a Quebec por 2 millones de dólares por supuestas pérdidas porque el Gobierno de Quebec prohibió la venta y el uso de herbicidas que afectaban al sistema endocrino y que era un potencial cancerígeno.

«Quebec y otras provincias decidieron aplicar el principio de precaución, alegando que lo hacían por razones científicas, y prohibió el ingrediente. Dow, una corporación multinacional estadounidense, afirmó que la prohibición violaba las obligaciones de Canadá a establecer normas mínimas para los inversores extranjeros», indica el informe de Etui. Estos son unos ejemplos sobre los que alerta el Instituto Sindical Europeo ante lo que llegará si se aprueba el tratado de libre comercio y transacciones económicas entre las dos orillas del Atlántico. Regulación como la sílice, el control de productos químicos estarían en el aire.