La Ley de Dependencia, que está a punto de cumplir ocho años desde que fue aprobada, «ha frustrado toda las expectativas que avalaban su nacimiento y que habían creado ilusión en el momento de su aprobación». Este es el negativo balance que de esta norma realiza la plataforma Mayores Contra la Crisis, que agrupa a Anapp, Aroa, Lacarra, Pensionistas de CCOO, Federación de Pensionistas de UGT y Sasoia, a la que se ha sumado la Plataforma en Defensa de los Derechos de los Dependientes (Padepp) y la Coordinadora de Asociaciones de Discapacitados (Cormin). «En la práctica, tras estos largos ocho años se ha producido un retorno, o quizás nunca se abandonó, al modelo basado en el papel primordial que la familia ha desempeñado, considerando la dependencia, cuya magnitud es social, como algo a resolver en el ámbito privado. Se niega así la responsabilidad que sobre ello deben asumir las administraciones públicas y los gobiernos», destacaron ayer en rueda de prensa.

En este sentido, recordaron que casi desde el inicio esta ley se ha visto sometida a grandes recortes de dinero público, por lo que perdió efectividad. Así, rechazaron la implantación del copago, «que se convierte en una amenaza para su carácter universal».

También criticaron que la dependencia se ubicase en el sistema de servicios sociales, ya que provoca que parte de la ciudadanía «no la asuma como un derecho universal similar a la atención sanitaria, por lo que se ha minimizado la capacidad de respuesta» en comparación con los recortes habidos en ámbitos como educación o sanidad.

Por ello, estos colectivos han convocado una asamblea para pasado mañana, jueves -11.00, en los cines Carlos III de Iruñea- y una manifestación -12.30- que concluirá ante el Gobierno navarro con el objetivo de «reafirmarnos en que la atención a la dependencia es un derecho de la ciudadanía y una responsabilidad pública de nuestras instituciones democráticas y su financiación deberá ser garantizada a través de una justa y progresiva recaudación fiscal».

«Tenemos que dar voz a tantas realidades dolorosas e injustas que se quedan en el ámbito familiar para que esta ley no duerma en el baúl de los recuerdos como consecuencia de unas políticas económicas insensibles e injustas», añadieron estos colectivos.