Cada año por estas fechas algún opositor al presidente Nicolás Maduro llama a sus seguidores a la calle: «Y este sí es el momento para la movilización de los venezolanos, los únicos que están desestabilizando el país son los enchufados del Gobierno», tuiteó el gobernador del estado federal de Miranda, Henrique Capriles Radonski, recientemente.

En 2012, perdió las elecciones contra el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, y después de su fallecimiento, la votación contra Nicolás Maduro. Frustrado por el fracaso, por los pocos puntos que le separaban de Maduro, Capriles animó a los suyos a que «descarguen su arrechera». Estas palabras iniciaron un periodo violento con decenas de muertos, sobre todo, del bando chavista. El heredero de Hugo Chávez tuvo que lidiar con su primera crisis política y logró que las bases bolivarianas no se dejaran provocar. Dado que la sociedad civil no se levantó, las «guarimbas» desaparecieron, hasta que en febrero de 2014, otro dirigente opositor, Leopoldo López, instigó nuevos disturbios callejeros, presentados como protestas estudiantiles.

El número de víctimas mortales aumentó, pero Maduro volvió a controlar la situación, mientras que López fue detenido por estar involucrado en aquellos hechos. Desde entonces, está en prisión preventiva junto con otros sospechosos. Por eso, Washington ha impuesto sanciones a integrantes del Gobierno bolivariano exigiendo la liberación del político derechista que intervino, igual que Capriles, en el fallido golpe de Estado contra Chávez en 2002.

Como entonces, la coyuntura económica de Venezuela es complicada. El precio del petróleo ha sufrido una caída tan fuerte que ha servido para alimentar todo tipo de especulaciones sobre el estado de las cuentas y arcas del Estado. A eso se añaden otros factores: por un lado, la inflación que sigue manteniéndose alta, un mal histórico que ya heredó Chávez cuando en 1999 asumió por primera vez la Presidencia del país; por otro, la oposición ha recurrido a un método que ya empleó contra Chávez, creando cierta falta de productos básicos almacenándolos clandestinamente o exportándolos ilegalmente a Colombia.

El Ejecutivo ha iniciado una amplia operación policial y militar contra este mal, considerado como un frente abierto en la «guerra económica» de la cual se considera víctima. No es la primera vez que EEUU esgrime este arma contra un Gobierno al que considera hostil a sus intereses, pero tampoco hay que obviar que ciertos problemas son de producción casera.

«Todo parece ser posible»

La esperanza de los aliados extranjeros de Capriles y López se basa en que la situación interna se vuelque contra Maduro y que los sectores más empobrecidos se levanten.

En diciembre, la fundación Konrad Adenauer (KAS), cercana a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de la canciller alemana Angela Merkel, profetizó: «Entre el status quo, un cambio interno de poder, la transformación hasta el caos generalizado y la anarquía; todo parece posible». Su informe auguraba «tiempos oscuros para Venezuela».

Más catastrofista es la revista estadounidense «Foreign Policy», que incluye al país en su lista de «las diez guerras a observar en 2015». Según el medio neoconservador, «Venezuela podría sufrir otro ataque de inestabilidad este año».

El centro de análisis Stratfor se hace eco de «rumores que circulan en Caracas» sobre un plan de «fracciones políticas no identificadas de dentro del Gobierno» para remover a Maduro. La firma, vinculada a la inteligencia estadounidense, considera que un golpe de Estado no solucionaría los problemas estructurales de Venezuela y advierte de su riesgo, recordando el fracaso de 2002.

La KAS, que apuesta abiertamente por Capriles, subraya que en la actual situación a Alemania le corresponde un papel especial porque uno de los detenidos es el venezolano de origen alemán Christian Holdack. La fundación recuerda que lleva diez meses encarcelado y que «podría estar gravemente enfermo». «La sociedad civil organizada y la oposición en Venezuela esperan que Alemania siga siendo un ejemplo bien claro para la protección de los derechos humanos y la libertad», informa.

Desde 2007, la KAS coordina su política en América Latina con sus homólogos estadounidenses. El año pasado se retiró de Ecuador porque la nueva legislación impedía este tipo de injerencias en asuntos internos. Quito ha resistido a la presión política ejercida por Berlín y ha negado la entrada a una delegación de parlamentarios alemanes que no habían acordado su visita con el Ejecutivo de Rafael Correa. Desde entonces, las relaciones bilaterales se han enfriado. Respecto a Caracas, la KAS reconoce que su labor se había complicado por la nueva legislación contra la injerencia extranjera.