Han pasado ya once días desde que la opinión pública conociese a través de una información de ``Berria'' que las laderas del monte Artigas, cercanas a la planta de Tratamiento Mecánico Biológico (TMB) de Arraiz, estaban cubiertas de basura y bolsas de plástico. La única res- puesta fue de la dirección de la TMB, que negó que hubiera cesado en su actividad.

La Diputación no se ha pronunciado, lo que llevó ayer a EH Bildu a solicitar explicaciones de por qué se produjo ese vertido y cómo ha actuado la institución foral para limpiar la zona. Josu Unanue y Asier Vega advirtieron en una comparecencia pública que el caso de Artigas no es único, citando los problemas de olores detectados en Lemoa por el vertido de lixiviados en la escombrera de Bistibieta, o las escorias provenientes de Zabalgarbi que fueron depositadas en otra instalación de Zalla sin disponer de los permisos preceptivos. Tampoco obviaron la paralización de la propia TMB por el brote de fiebre Q.

También quiere la coalición que se informe del último revés que ha sufrido el Gobierno foral en los tribunales. El TSJPV ha decidido investigar los presuntos vertidos ilegales en unos terrenos del barrio de Arbuio, en Alonsotegi, que fueron empleados como depósito de tierras sobrante durante la construcción del corredor de Kadagua, desestimando la petición de archivo que planteó la Diputación a una denuncia interpuesta por los propietarios de los terrenos.

Ese mismo caso es el que ha llevado al PSE a pedir la comparecencia urgente en las Juntas Generales de los responsables forales de Obras Públicas y Medio Ambiente, Itziar Garamendi y Iosu Madariaga, respectivamente. Para el apoderado Isatxu Fernández, el asunto es lo suficientemente relevante para que los diputados informen.

Los propietarios de los terrenos llevan siete años de batalla en los tribunales para que la Diputación se haga cargo de la limpieza de las 8 hectáreas que fueron utilizadas para depositar tierras sobrante durante la construcción del corredor. Los dueños quieren que la institución foral lleve a otro lugar los cerca de 2 millones de metros cúbicos de tierras y residuos, pero la Diputación se niega y de ahí la demanda judicial.

Los propietarios acusan a la institución foral de ser la responsable de que se permitiera el vertido incontrolado, algo que rechaza la Diputación valiéndose de un informe de Medio Ambiente de Lakua que argumenta que no se puede determinar quién depositó las tierras y los residuos.

La administración foral defiende que en 2008 dejó los terrenos, pero lo cierto es que el Gobierno autonómico autorizó en diciembre de 2010 a la empresa foral Interbiak a continuar con el depósito de escombro en ese espacio.