El próximo 5 de marzo, el primer edil de Gasteiz, Javier Maroto, y el exalcalde y actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, comparecerán junto a otras nueve personas, entre las que figuran cargos del PP, una edil del PSE y el presidente de Caja Vital, Fernando Aránguiz, ante el Tribunal de Cuentas estatal, que investiga el alquiler de los locales de la calle San Antonio. Un contrato que, tal como dictaminó una comisión de investigación, «va claramente en contra del interés público, por cuanto en la actualidad sigue obligando al Ayuntamiento a un desembolso no inferior al doble del valor de compra del local».

Dado que el Consistorio es el principal perjudicado, el Tribunal de Cuentas estatal también ha citado en Madrid «a la representación del Ayuntamiento que la Corporación municipal acuerde designar a los efectos de este procedimiento instructor, habida cuenta del eventual conflicto de intereses que pudiera concurrir en la persona del actual alcalde», responsable del Departamento de Hacienda en febrero de 2007, cuando se cerró el acuerdo con el empresario Gonzalo Antón.

Pero parece que el Gobierno local no está dispuesto a dejar en manos de la Corporación dicha designación. Así lo denunciaron ayer los portavoces de PNV, Gorka Urtaran; PSE, Patxi Lazcoz; y EH Bildu, Kike Fernández de Pinedo, que en un pleno extraordinario propondrán que sea la secretaria general del Pleno, Idoia Martínez, la encargada de representar al Consistorio. «Entendemos que es importante que esta representación sea objetiva e independiente, y nos parece que esta persona cumple con estas características», manifestó el concejal soberanista, que apostó por el interventor general como posible sustituto de la secretaria.

Cabe destacar que la independencia esgrimida por Fernández de Pinedo puede marcar el proceso, ya que, si se resuelve que ha habido un prejuicio para las arcas municipales, el Tribunal de Cuentas establecerá la cuantía que deberán abonar los implicados, en este caso los integrantes de la Junta de Gobierno local cuando se firmó el contrato. «Por eso es muy importante que la representante del Ayuntamiento defienda el interés general», subrayó Urtaran tras señalar que, «si no tiene nada que ocultar, Maroto debería respetar la decisión mayoritaria y democrática del Pleno».

Asimismo, los tres ediles advirtieron de que el PP pretende ampararse en la prescripción para solicitar el archivo del caso. «Nos hemos enterado que la intención del Gobierno es pedir la prescripción para que no se entre en el fondo del asunto, no vaya a ser que al alcalde y al ministro de Sanidad se les caiga el pelo», explicó Lazcoz. En este sentido, Urtaran defendió que algunos miembros del Tribunal de Cuentas consideran que no existe prescripción, dado que el Ayuntamiento sigue pagando por el alquiler de los locales.

Una procuradora de Madrid

Por su parte, la teniente de alcalde, Idoia Garmendia, echó mano de un informe firmado por el letrado-jefe de la Asesoría Jurídica para remarcar que la representación legal del Ayuntamiento de Gasteiz corresponde al alcalde. «Es una competencia excluyente e inderogable», destacó.

Sin embargo, no será Maroto el que represente al Consistorio el día 5 de marzo. Esta responsabilidad quedará en manos de «una procuradora con la que habitualmente trabajan los servicios jurídicos en Madrid». La edil no dio más detalles.