Valls saca adelante con fórceps la «ley Macron», pero rompe su mayoría
En una acalorada sesión de la Asamblea Nacional, el primer ministro francés Manuel Valls salvó la moción de censura contra su Gobierno. Votaron a favor 234 diputados de los 289 que hacían falta para aprobarla y como consecuencia de este rechazo la llamada «ley Macron» fue aprobada -sin el voto directo de los diputados- en primera lectura. Sin embargo, las heridas políticas y sociales que deja la actitud avasalladora de Valls son profundas y de difícil cura.

Hace años que no se veía nada igual a lo que ayer sucedió en la Asamblea Nacional francesa. A la vista de que más de 30 diputados de la mayoría socialista se disponían a votar en contra (y otra veintena a abstenerse) del llamado «proyecto de ley por el crecimiento, la actividad y la igualdad de oportunidades» -conocida como la «ley Macron», en alusión al ministro de Economía que ayer conoció su bautismo de fuego parlamentario-, Manuel Valls decidió sacar la artillería constitucional pesada y echar mano del polémico artículo 49-3.
Básicamente, se trata de un instrumento que refuerza el Ejecutivo frente al Legislativo, que es utilizado en tiempos en los que la mayoría que sostiene al Gobierno es frágil o indisciplinada y permite aprobar leyes sin el debate ni el voto de los diputados. La única opción de estos es la de presentar una moción de censura en 24 horas, como hizo la derecha ayer, y en caso de no prosperar supone la aprobación automática de la ley en cuestión. Es una vía legal de dudosa lógica democrática que menosprecia la soberanía popular y a los parlamentarios. Pero esa ha sido la opción de Valls: sacar el bulldozer y pasar por encima del debate y voto parlamentario.
Sacrificio en el altar liberal
Valls afirmó en el debate parlamentario que su decisión era la de ir deprisa, con total determinación por la vía de las reformas neoliberales y desreguladoras. Pero todo parece indicar que en las primeras curvas se ha pasado de frenada. En vísperas de que Bruselas examine su equilibrio presupuestario, con un déficit y una deuda al alza, justificó su apuesta con tres razones: el bajo precio del petróleo, del euro, y las bajas tasas de interés. En otras palabras, un socorrido «ahora o nunca».
Pero la suya no es una apuesta innovadora y se ha puesto en marcha en varios estados europeos con resultados catastróficos. Más allá de los aspectos mediatizados de esa ley, como la apertura de los centros comerciales en los días festivos o en horas nocturnas, la receta que propone es vieja: austeridad para reducir el gasto público, vía libre a las privatizaciones, regresión social, facilidades para los despidos colectivos y debilitamiento de los salarios.
Y a la vista del episodio que ayer se vio en el hemiciclo francés, queda claro que para servir a las multinacionales y a los mercados financieros bien se puede sacrificar las promesas electorales que llevaron al Elíseo a François Hollande, la democracia formal y que, para mantener el rumbo neoliberal, no hay problema con hacer lo mismo con la mayoría parlamentaria propia.
La de ayer fue una victoria pírrica para Valls. A nivel doméstico, su estrategia ha fracasado frente a los propios -ya no tiene mayoría para seguir por la vía de la austeridad-, ha dejado heridas difíciles de sanar y ha cambiado la correlación de fuerzas. Está por ver si los éxitos de las llamadas izquierdas alternativas en Europa tienen algún efecto simpatía en el Estado francés y se abre un nuevo camino para la articulación de un movimiento popular creíble y capaz de representar una esperanza que pueda cerrar el camino a un Frente Nacional que cotiza al alza.
Las espadas siguen en alto
El debate parlamentario, no obstante, además de mostrar el fracaso del Gobierno para mantener una mayoría que sostenga su política de austeridad y de usurpar el derecho de los parlamentarios a hacer la ley, no ha solucionado el problema. El texto debe ser examinado aún por el Senado antes de volver al Parlamento donde una nueva utilización del artículo 49-3 no puede excluirse.
¿Sería constitucional volver a echar mano del mismo por segunda vez? La respuesta es incierta y el Consejo Constitucional podría tener que intervenir para determinar si es legal. ¿Será posible para esa segunda vuelta de la «ley Macron» la presentación de una moción de censura de izquierda que aglutine a las diferentes tendencias opositoras? ¿Podrían entonces salvar el obstáculo de tener que votar conjuntamente con la extrema derecha una iniciativa de la derecha? Todo está por ver. Las espadas siguen en alto, las heridas abiertas y los ánimos muy encendidos y polarizados.
En vez de tener la humildad suficiente de reconocer que su apuesta neoliberal dejaba una gusto amargo en su bancada, Valls, en su línea, fanfarroneó ante el hemiciclo: «Tengo carburante suficiente para continuar». Una vez pasado de frenada, le será muy difícil unir a sus filas. Lo que ayer se vió tuvo mucho de ruptura consumada.

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