Un agente de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fue imputado ayer por «homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles», «uso indebido de su arma reglamentaria» y «romper los pactos y convenios internacionales» por la muerte el martes del estudiante Kluivert Roa, de 14 años, quien recibió un disparo en la cabeza en el transcurso de una protesta en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira. La fiscal general venezolana, Luisa Ortega Díaz, hizo un llamamiento a los ciudadanos a «evitar acciones de violencia» y a los agentes de la Policía a «actuar con control». «Hace un año se desató una ola de violencia con las guarimbas. No traen nada bueno», dijo.

Preguntada sobre si la muerte del adolescente está relacionada con la polémica resolución que permite el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones, Ortega Díaz insistió en que «las circunstancias en las que ocurrió el hecho son parte de la investigación. Hay que hacer una reconstrucción del hecho para que nos dé la certeza de cómo ocurrieron estos hechos».

El presidente, Nicolás Maduro, envió sus condolencias a la familia del joven y condenó su «asesinato» durante un «acto de violencia». «Un grupo de muchachos con capucha, estaban en actividades de protestas y de generación de violencia. En ese momento se produjo un hecho inverosímil: pasaron unos policías por allí, se enfrascaron en una pelea, dicen los policías que fueron rodeados y golpeados y atacados con piedras y uno de los policías accionó la escopeta de perdigones y asesinó a este muchacho», explicó el jefe del Ejecutivo en una alocución en la estatal VTV.