La sedación de migrantes antes de un vuelo de expulsión es una práctica habitual por parte de la Policía española que tanto las propias víctimas como las ONG que trabajan con ellas han denunciado en reiteradas ocasiones. Sin embargo, Madrid elude dar el dato concreto y se escuda en el protocolo oficial que veta estas prácticas a no ser que tengan «prescripción facultativa». Lo hace en una respuesta por escrito remitida al diputado de Amaiur Jon Iñarritu, que se interesaba por el número exacto de personas a las que se había suministrado algún tipo de droga para evitar la resistencia en el avión, así como conocer quién lo había autorizado y qué medicamento es administrado.

Como es habitual en las respuestas por escrito que remite el Gobierno español, las explicaciones se limitan a repetir los textos legales que regulan las actuaciones y no aportar un solo dato concreto.

El Protocolo de Actuación de Repatriaciones Aéreas y Marítimas de la Policía española afirma que «en la orden de servicio figurará una lista de las medidas coercitivas autorizadas, estableciéndose asimismo que el uso de sedantes para la expulsión queda prohibido, salvo prescripción facultativa, cuando fuera necesario por razones de seguridad del vuelo». En lugar de hacer referencia a la pregunta concreta, que es el uso de medicamentos tranquilizantes, Interior se dedica a desgranar los protocolos médicos que regulan las expulsiones aéreas, que es la fórmula más utilizada por el Ejecutivo español para repatriar a inmigrantes irregulares.

Miles de expulsiones

Sí que aporta datos a la hora de enumerar el número de personas que han sido obligadas a abandonar territorio del Estado español. En concreto, según la respuesta, 26.491 ciudadanos habrían sido expulsados en los últimos cuatro años, entre enero de 2010 y diciembre de 2014. Una cifra que todavía podría ser mayor si 4.701 personas no hubiesen evitado la repatriación, bien por resistirse (lo que se denomina «riesgo para la seguridad del vuelo»), por «no disponer de documentación» o por la negativa a realizar una escala.

Interior también elude dar detalles sobre el número de personas obligadas a introducirse en estos vuelos y que resultaron con algún tipo de lesiones. Afirma, simplemente, que «se cumple la ley» y que estas se incluyen en un parte que se destina de oficio al juzgado. Tampoco se lleva un registro sobre las crisis de ansiedad o similares, de las que, supuestamente, se informa también al juez encargado.