El Gobierno español no promoverá la detención de los ex ministros y torturadores franquistas reclamados por la juez argentina María Servini de Cubría por delitos cometidos durante la dictadura. Alega que las órdenes de detención emitidas a través de Interpol no son vinculantes porque «la pertenencia a Interpol no vincula en modo alguno la ejecución de la demanda de detención a efectos de extradición».