La mayoría de los partidos brasileños apoyó ayer al presidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, uno de los 49 políticos investigados por corruptelas en Petrobras, y afirmó que el escándalo tiene su epicentro en el Gobierno de Dilma Rousseff.

Cunha compareció en forma voluntaria ante una comisión de investigación de la Cámara y se dijo convencido de que el Gobierno intenta «transferir la crisis» al Parlamento. Sostuvo que la investigación está «en gran parte apoyada en meras conjeturas», que consideró «ajenas a la realidad», e insinuó que por detrás de esa «maniobra» pudiera estar el propio Gobierno.

Cunha pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño, del vicepresidente, Michel Temer, pese a lo cual mantiene una línea crítica al Gobierno y lidera un grupo disidente de la formación, que es la fuerza electoral más importante del país.

El parlamentario fue citado por algunos de los exdirectivos y empresarios detenidos en el marco de las investigaciones en la petrolera estatal como uno de los políticos que habrían amparado las corruptelas y beneficiado personalmente con dinero ilícito.

Según la Policía, las empresas privadas involucradas obtenían contratos amañados con Petrobras, cuyos precios eran inflados, y el excedente era repartido entre todos los miembros de la red de corrupción y los políticos que amparaban esas maniobras ilegales.

Cunha negó todas las sospechas, que se apoyaron en delaciones de detenidos que aceptaron colaborar con la Justicia, y obtuvo un casi unánime respaldo de los diputados -salvo de los del Partido de los Trabajadores-, que sembraron dudas sobre la actuación en el caso del titular de la Fiscalía, Rodrigo Janot.

El propio Cunha sostuvo que Janot pretende ser reelegido este año para ese cargo y apuntó que la responsable de su nombramiento, que luego debe refrendar el Parlamento, es la presidenta Rousseff.