El Gobierno derechista de Islandia comunicó ayer formalmente a la Unión Europea (UE) que retira su petición de adhesión al bloque comunitario, dando así carpetazo definitivo al proceso que inició en 2009 y que las actuales autoridades ya habían prometido cerrar.

La decisión fue transmitida a las instituciones comunitarias mediante a una carta dirigida a la Comisión Europea (CE) y también personalmente, en un encuentro que el ministro islandés de Exteriores, Grunnar Bragi Sveinsson y su homólogo letón, Edgars Rinkevics, país que detenta la presidenta de turno de la UE.

El Gobierno islandés adoptó esa medida en el Consejo de Ministros celebrado el martes, pero ayer lo oficializó ante las instituciones europeas.

Pese a esa decisión, Sveinsson transmitió a su colega letón el interés de su Ejecutivo por mantener las intensas relaciones y la cooperación entre su país y la UE, al tiempo que le solicitó que iniciara los trámites convenientes para dar terminado el proceso de integración.

Islandia solicitó formalmente su ingreso en la UE a Bruselas en 2009, un año después de la grave crisis que colocó al país al borde del colapso y aún bajo una coalición de Gobierno socialdemócrata-verde.

En los años siguientes el proceso se vio dificultado por disensos persistentes, especialmente en materia de pesca y agricultura. La situación se agravó en 2013, cuando que las negociaciones entraron en punto muerto, y, unos meses después, con la llegada al poder del actual Gobierno derecha, liderado por el primer ministro Sigmundur David Gunnlaugsson, quedaron prácticamente congeladas.

El actual Ejecutivo considera que puede defender mejor los intereses de su país sin formar parte de la UE, según destaca el comunicado de Exteriores.

La decisión islandesa se daba por segura desde que a mediados de febrero la coalición de Gunnlaugsson aprobó una moción parlamentaria a favor de la retirada de su candidatura.

En esa moción no solo se planteó esa renuncia, sino que se estipuló que no se presentará una nueva candidatura si no es tras la convocatoria de un referéndum que así lo avale.

Las negociaciones quedaron, de facto, en suspenso desde enero de 2013, cuando se habían abierto 27 de los 33 capítulos de las conversaciones, pero no los puntos más conflictivos: pesca y agricultura.

Tras el triunfo electoral de la derecha euroescéptica y contraria al ingreso en la UE, se prolongó el parón de forma indefinida.