La interrupción de la visita del secretario de Paz y Convivencia de Lakua, Jonan Fernández, a Rafa Díez en la prisión de El Dueso el pasado miércoles ha dado lugar a la polémica en torno al motivo y circunstancias de la suspensión de la comunicación. Lo cierto es que se trata de un hecho grave tanto si, como afirma Instituciones Penitenciarias, Fernández acudió en calidad de amigo como si, según la versión de Lakua, lo hizo como representante del Gobierno. Pero la gravedad de lo ocurrido trasciende esa visita, toda vez que es consecuencia de la intervención de comunicaciones a que está sometido Rafa Díez, al igual que los demás presos vascos. La explicación habitual de esa intervención y del resto de normas excepcionales son supuestos motivos de «seguridad», algo que movería a la risa si las consecuencias de esas medidas no fuesen tan nefastas para los presos y sus allegados. Igualmente hilarante, y cínica, resulta la petición de explicaciones por parte de PSE, PP y UPyD a Urkullu acerca de la visita a Díez.

Jonan Fernández sostenía ayer que la interrupción de la su comunicación con Díez no se adecúa a estos tiempos. Ciertamente, ni esa ni otras interrupciones de visitas de presos vascos se adecúan a estos tiempos. La política penitenciaria de los estados español y francés, sinónimo de ensañamiento, no es sino un instrumento de finalidad política acorde a un tiempo añorado por quienes están obsesionados con sabotear el proceso de paz y no reparan en medios para ello. A esa obsesión responde el afán por mantener en prisión de por vida a personas que han cumplido sobradamente su condena, demostrado esta semana por el Tribunal Supremo español o por la Justicia francesa ante la petición de libertad condicional de varios prisioneros, algunos de ellos con 25 años de cárcel a sus espaldas.

Eso es lo verdaderamente escandaloso y anacrónico, flagrantes y constantes injusticias como la permanencia de Rafa Díez en prisión. Por eso son necesarias actitudes y respuestas adecuadas a estos tiempos.