El acuerdo alcanzado entre Atenas y los países de la eurozona estableció unos límites muy estrictos sobre las medidas que el Ejecutivo podría acometer en el futuro, pero al mismo tiempo parecía recoger el compromiso de mantener el apoyo financiero a Grecia durante los cuatro meses de prórroga, tiempo en el que debería resolverse un nuevo programa de reformas.

Tras la reunión del Eurogrupo celebrada este lunes queda claro que la Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE) no tienen ninguna voluntad de negociación y harán todo lo posible para que el Gobierno heleno abandone toda esperanza de llevar a cabo políticas de marcado carácter social. Aunque para ello tengan que echar «la soga al cuello» de Grecia, tal y como lo expresó Tsipras hace unos días.

Las primeras siete medidas presentadas por Atenas fueron recogidas con frialdad y desdén por parte del Presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, quien las consideró «útiles» aunque matizó que estaban «lejos de ser completas», y más bien constituían un punto de partida y no la base para liberar los fondos congelados de la ayuda financiera.

A su vez, el BCE no encontró razón alguna para cambiar su postura al no existir avances concretos, y ayer se volvió a aferrar a su decisión de no dar ningún tipo de ayuda a menos que se haya completado la inspección o se muestre un claro progreso en las negociaciones entre Atenas y sus acreedores.

Además, los ministros de Finanzas de la zona euro volvieron a insistir en la necesidad de que sea una delegación de los acreedores (CE, BCE y FMI) quienes realicen la evaluación de la marcha del programa. Frente a las pretensiones del Gobierno griego, que se mostró tajante en que la odiada Troika no volvería a pisar Atenas, Dijsselbloem dijo que los inspectores trabajarían sobre el terreno.

Sin acceso a los mercados de capitales y congeladas las entregas de fondos de financiación europeos, Grecia se enfrenta a un problema de liquidez para proceder al pago de unos 1.500 millones de euros a lo largo de este mes. Una dificultad agravada por el hecho de que el BCE no permite al país que aumente su emisión de bonos del tesoro de corto plazo, que se viene a sumar a la negativa de incluir a Grecia en el programa de «expansión cuantitativa». Programa iniciado este lunes y por el que la autoridad monetaria comprará más de un billón de euros de deuda pública (y privada) con excepción de la griega.

Pese a ello, el Ministro de Finanzas griego, Yanis Varufakis, afirmó tras la reunión del Eurogrupo que su país sería capaz de cubrir sus necesidades fiscales en marzo y abril, y confió en alcanzar un acuerdo con las instituciones europeas, que incluya el crecimiento económico y la recuperación, mucho antes del 20 de abril. El primer paso tuvo lugar ayer en Bruselas, donde dieron comienzo las negociaciones técnicas entre ambas partes, mientras que para hoy está programado un encuentro entre Tsipras y el Presidente de la CE, Jean-Claude Juncker.

Caída del gobierno a cualquier precio

El plan de asfixia económica desde las instituciones europeas viene acompañado por una virulenta campaña mediática y, en clave interna, por el acoso político de los partidos de la oposición.

La prensa arrancó desde el primer día de gobierno con todo un catálogo de calamidades que iban desde el corralito bancario, al desabastecimiento de los supermercados, culminando con la expulsión del país de la eurozona. Todo ello alimentado por la esquizofrenia de un gobierno integrado por radicales de izquierda y extremistas de derecha. Las críticas al nacionalista Panos Kammenos, Ministro de Defensa y líder del socio menor de la coalición, Griegos Independientes, alcanzaron una virulencia como nunca se había visto con miembros del ejecutivo anterior declaradamente fascistas. Como esta primera fase de la campaña tuvo un resultado más bien pobre entre la opinión pública, la siguiente se encaminó a relatar la «derrota» de Syriza, su repliegue, su cesión a las exigencias de Bruselas. La consigna dominante tenía que ser la de que Grecia «se ha rendido».

El martes el diario conservador «Kathimerini» titulaba de manera provocadora «Primeras restricciones en bienes importados» una noticia en la que se aseguraba que la situación de las empresas importadoras «es aún peor que en 2012» y que entre los productos afectados se encontraban «algunos de primera calidad como una cerveza belga muy conocida».

Por su parte, tanto el partido derechista Nueva Democracia como los socioliberales PASOK y To Potami se han embarcado en una espiral destructiva con la esperanza de que el Gobierno de Syriza acabe siendo únicamente un breve paréntesis en la historia política del país, y recobrar el poder en un lapso de tiempo razonablemente corto. Y a ese carro también se ha subido por iniciativa propia el Partido Comunista de Grecia (KKE), para quien la negociación con la UE, el BCE y el FMI ha sido «una ampliación del memorándum y de los compromisos previstos en él, la continuación de la política antipopular de los gobiernos anteriores, de Nueva Democracia y el PASOK», y todas las reformas propuestas son «medidas negativas para los trabajadores que tomó el capital y sus gobiernos, junto con la UE, en condiciones de crisis económica».

Nueva Democracia y PASOK, cuyos pésimos resultados electorales no han dado lugar a una sola dimisión, sacan músculo ante el apoyo recibido desde el exterior y se presentan como la opción responsable de un posible gobierno de unidad nacional. Los primeros, avalados por Alemania, llegando a decir según un alto cargo del partido que «la canciller Angela Merkel ha determinado que [Antonis] Samarás se mantenga en la presidencia de la Nueva Democracia»; los segundos, junto a To Potami, respaldados por el Presidente del Europarlamento Martin Schulz; todos juntos, como partidos de orden capaces de alcanzar un nuevo memorando de entendimiento con la UE, que continúe con las políticas de austeridad seguidas hasta la victoria de Syriza.

Es cierto que también se han amplificado las críticas existentes en el seno del partido de gobierno pero estas, lejos de indicar una ruptura, han mostrado un debate lógico dentro de una formación de izquierda y han apuntado hacia posibles salidas a favor del pueblo ante el bloqueo de los acreedores. Una de las voces más cualificadas ha sido la de Yanis Miliós, uno de los responsables del programa económico de Syriza, quien recordó que en estos momentos el movimiento popular en Grecia debe acompañar y presionar al gobierno hacia posiciones más radicales, en especial en la cuestión de la deuda, dejada en suspenso durante las negociaciones con la UE.

En la misma línea, el sociólogo y activista Theodoros Karyotis expuso la pasada semana la necesidad de profundizar, entre las organizaciones de base, el debate sobre «prosperidad sin crecimiento», partiendo de la premisa de que el crecimiento económico es ya incompatible con el bienestar social y la sostenibilidad medioambiental. Y cuyo objetivo sería el de «complementar la resistencia creativa a las políticas neoliberales y la construcción de alternativas viables desde abajo con la exigencia de reformas radicales: desde la implantación de la renta básica universal o la institución de nuevos regímenes de gestión de los bienes comunes, hasta la creación de un marco legal que permita el funcionamiento de empresas recuperadas». Y todo ello, aprovechando las «oportunidades que ofrece un gobierno que explícitamente reconoce la economía social y solidaria como parte importante de su programa político», aunque manteniendo «su autonomía de pensamiento y acción, para evitar diluirse dentro del proyecto hegemónico de Syriza».

Alto apoyo popular

Conviene recordar que Syriza no llegó al gobierno con ningún discurso anticapitalista ni emancipador de las instituciones europeas a las que pertenece Grecia, sino dejando claro en todo momento que no tomaría ninguna iniciativa para abandonar la zona euro pues la mayoría de los griegos continúan apegados a esta realidad.

En un sondeo publicado este lunes por el periódico «Efimerida ton Sindakton», un 70 % de los encuestados se mostraron favorables a continuar las negociaciones con los socios europeos, incluso valorando como posible que el país fuera a la quiebra en un futuro cercano. Frente a ellos un 27,4 % se mostraron proclives a una ruptura del diálogo, aunque ello condujera al abandono del euro. Entre los votantes de Syriza esta disyuntiva se saldó con una apuesta mayoritaria por el acuerdo (57,8 % frente al 38,9 %, respectivamente).

En todo caso el estudio constató que un 64 % de los griegos considera positivo o muy positivo el trabajo realizado por el gobierno hasta la fecha, frente a un 31,4 % que lo calificó como negativo o más bien negativo. Aunque en algunas medidas, como la ley para hacer frente a la crisis humanitaria, el apoyo popular llega hasta un 88,3 %.

Los jóvenes son, hasta el momento, una de las bases más firmes para Syriza, un 75,3 % de los encuestados con edades comprendidas entre los 18 y los 34 años se mostraron muy satisfechos con la gestión del Ejecutivo. Para el analista Dimitris Pantulas «la juventud empobrecida o con pésimas expectativas es la que se ha convertido en un actor político central que quiere el cambio y que está demostrando ser capaz de poner y quitar gobiernos».

Los resultados demuestran que, pese a los ataques, el gobierno cuenta con un sólido respaldo social, al tiempo que sus propuestas se ajustan al sentimiento mayoritario sobre la percepción de los problemas que aquejan al país. Hay quien critica a Syriza por no haber preparado un plan B sobre la salida del euro, o la exigen abiertamente por ser un «gobierno votado para la ruptura», pero eso no sería legítimo ni honesto a la luz de las opiniones de los ciudadanos.

Es evidente que Grecia requiere de amplias y profundas transformaciones y que la actual correlación de fuerzas en el continente hacen muy difícil esta tarea si han de estar orientadas hacia la justicia social. Pero no estaría de más, como pidió el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, que cualquier valoración o crítica se haga teniendo en cuenta que el programa de gobierno está planteado para toda una legislatura.