Recientemente el Tribunal Supremo ha hecho público un acuerdo del pleno no jurisdiccional según el cual las declaraciones prestadas ante funcionarios policiales y no ratificadas en el juicio oral no tienen valor probatorio ni pueden operar como corroboración de los medios de prueba, ni siquiera por la vía de hacer comparecer como testigos a los funcionarios ante quienes se prestaron. Habrá que ver el recorrido del acuerdo y su aplicación en el día a día, porque tras esa afirmación tan rotunda se introducen salvedades por la conocida fórmula del «sin embargo»; pero, sin duda, es una noticia positiva, por la que siempre hemos venido abogando. Y es que durante largo tiempo la mera declaración en dependencias policiales, aunque el acusado manifestara incluso que era falso su contenido y que la había prestado al haber sido torturado, era convalidada por la vía de la comparecencia de los policías que declaraban que había sido prestada con todas las garantías y que el trato dispensado había sido exquisito. ¿Acaso podía esperarse que declararan que le habían maltratado?

Huelga decir que esta práctica hacía rentable la tortura, porque si se conseguía que el detenido se autoinculpara, la condena estaba prácticamente garantizada.

Hasta aquí todo bien, aun con cautelas, pero el problema radica ahora en quienes se encuentran presos condenados a cientos de años de cárcel en base única y exclusivamente a sus declaraciones policiales negadas en el plenario. Y son muchos. En principio, el cambio de criterio no les afecta y no parece fácil conseguir la revisión de sus condenas en base a la nueva doctrina, pero constituyen una tremenda injusticia, porque fueron condenados sin pruebas.

Por eso resulta indignante, aun ejerciendo su derecho de defensa, que Cristina, hermana e hija de reyes, se queje continuamente del mal trato procesal que se le dispensa, de que se vulneran sus derechos constitucionales o que se le discrimina negativamente por ser vos quien sois, y todo porque el juez instructor le ha negado su petición de reducir la fianza exigida para garantizar la devolución de los millones que, supuestamente, se embolsaron. Y eso que tiene al fiscal haciendo de abogado...