El Parlamento de Gasteiz instó ayer al Gabinete jeltzale a seguir desarrollando nuevas políticas de reparación a las víctimas de la violencia estatal, y reclamó que el proyecto de ley de reconocimiento de las mismas –propuesto por el secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández– «busque desde el inicio el máximo consenso social, político e institucional».

Así lo recoge el tercer punto de una enmienda transaccional firmada por PNV y PSE, que fue aprobado con el voto favorable de EH Bildu y PP. Este apoyo no se repitió en la aprobación de los dos primeros puntos, ya que la formación derechista se abstuvo en el segundo, en el que se «invita» al Ejecutivo español a «sumarse a las políticas de reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos no reconocidas, como es el caso de las víctimas de abuso policial del 1960 a 1978».

A este respecto, cabe recordar que, en respuesta a un recurso interpuesto por la Abogacía del Estado español, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló algunos artículo del decreto aprobado en 2012 para resarcir a estas víctimas. El fallo generó un profundo malestar entre los afectados, que el miércoles reivindicaron que la nueva ley se adecúe a la legislación internacional para que tenga «la máxima garantía de cumplimiento de sus objetivos y cubra sin limitaciones todos los derechos de las víctimas».

«Un paso adelante»

«Se ha dado un paso adelante, demandado por las propias víctimas, que ahora el Gobierno vasco deberá concretar en la ley, que tiene que servir para ofrecer reconocimiento, reparación y garantías de no repetición a las víctimas de la violencia policial. Un derecho que asiste a todas las víctimas sin excepción y sin exclusiones», destacó el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, que se encargó de iniciar el debate en el Hemiciclo.

Desde el PNV, el parlamentario Iñigo Iturrate apostó por abrir «un nuevo tiempo en el que, aparcando las diferencias, vayamos caminando hacia lo que esperan estas víctimas, que es la justicia y la reparación». En la misma línea se pronunció el parlamentario del PSE José Antonio Pastor, que mostró la disposición de su partido a «colaborar en sentar las bases para la convivencia futura».