Josetxo Sasieta, Jose Miguel Goenaga, Iñaki Elduaien y Antton Olalde
Firmado también por otros concejales de todas las legislaturas del Ayuntamiento de Tolosa desde 1979
KOLABORAZIOA

¿Qué hace la fundación Muñoa en el negocio de la vivienda privada?

A raíz de la reciente aprobación del Plan Especial del Paseo Iurramendi hemos podido conocer públicamente que la Fundación Muñoa y el Ayuntamiento de Tolosa habían firmado en septiembre del 2008 el «Convenio referido a terrenos de la Fundación Muñoa y al desarrollo urbanístico de los mismos en el contexto del nuevo plan general de ordenación urbana de Tolosa» con el fin de instruir o canalizar el desarrollo urbanístico del subámbito 24.1. Iurramendi Pasealekua en el que se contemplaba la construcción de 156 viviendas.

No podemos obviar como antecedente necesario de dicho convenio la modificación puntual de Normas Subsidiarias en el ámbito de Voith-Gorostidi (donde actualmente se emplaza el barrio Larramendi), en el que se preveía un desarrollo urbanístico de alta densidad, que benefició particularmente a una constructora por todos conocida. Dicho desarrollo urbanístico, en el que se contemplaban edificabilidades urbanísticas sin precedentes en Tolosa, apenas contemplaba espacios libres en compensación por las viviendas que se iban a construir. Es preciso recordar que esta modificación de normas subsidiarias fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco mediante Sentencia de 31 de marzo de 2010.

Los promotores de tal modificación de normas ya sabían de la ilegalidad que estaban cometiendo, por eso se apresuraron en tramitar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Tolosa (el actualmente vigente) con objeto de que, partiendo de cero, el desarrollo urbanístico de Larramendi fuese compensado con las preceptivas zonas verdes en el municipio.

Es aquí donde entra la Fundación Muñoa, propietaria de terrenos en Iurreamendi que conviene con el Ayuntamiento la entrega de los mismos a cambio de la edificabilidad de viviendas en la zona, de tal forma que las carencias de una operación anterior (qué benefició sobremanera a unos cuantos protagonistas) vienen a paliarse a costa de más viviendas, totalmente innecesarias y en un emplazamiento totalmente forzado.

Resultando que la Fundación Muñoa, se convierte de esta forma en cómplice necesario para, de alguna forma, amañar a posteriori toda la operación fraudulenta de Voith-Gorostidi. Que, como decimos, fue declarada ilegal por los tribunales.

La crisis del ladrillo ha mantenido el asunto en el congelador durante diez años pero en diciembre del 2019 la Fundación Muñoa junto con la Constructora Sukia Eraikuntzak SA, como propietaria de aproximadamente el 90% del suelo del subámbito 24.1, presentó el Plan Especial para la ordenación urbanística de dicho ámbito. En octubre del 2020 la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Tolosa dio la aprobación inicial al plan y el 27 de mayo del 2021 el Pleno Municipal le dio la aprobación definitiva.

Y nos volvemos a preguntar: ¿qué hace la Fundación Muñoa en una operación inmobiliaria de esta entidad? Una fundación que entre sus fines contempla proporcionar asistencia a la tercera edad, facilitar asistencia a personas en situación de necesidad o atención a personas afectadas por carencias de asistencia social.

Entenderíamos que cediera o vendiera los terrenos propiedad de la Fundación al Ayuntamiento para uso y disfrute público del pueblo de Tolosa, pero de ahí a promover operaciones económicas e inmobiliarias, con objeto, además, de enmendar anteriores fraudes urbanísticos a costa de más viviendas, dice poco a favor de los «fines piadosos y benéficos» que dice en sus estatutos debe perseguir la Fundación, o a favor de las «personas distinguidas celosas del bien público y buenos cristianos» que, junto con los representantes de la Iglesia y el Ayuntamiento, deben componer la junta directiva de la Fundación Muñoa.

¡Qué poco tiene que ver esta operación urbanística con la función humanitaria y sin ánimo de lucro a la que creíamos se dedicaba la Fundación Muñoa! ¿Quienes son esos hombres o mujeres «piadosas y cristianas» que se han responsabilizado de esta operación? ¿Qué beneficios humanitarios aporta esta operación? ¿A quienes están beneficiando? Desde luego, los tolosarras necesitamos explicaciones claras, públicas y transparencia en la gestión, cuestión que hasta el presente no ha existido. Tenemos derecho a conocer, pero también a denunciar una operación económica turbia y enmascarada.