El coordinador de Lokarri, Paul Ríos, ha destacado en una comparecencia en Bilbo que «el final de la violencia de ETA y la legalización de Sortu han supuesto un gran avance para el proceso de paz».
En este sentido, ha apuntado que la nueva situación ha permitido «la desaparición de la amenaza de la violencia» de la organización vasca, «la igualdad de condiciones para que todos los sectores políticos puedan participar en la vida política, disminución de la tensión y el enfrentamiento político, incremento de la confianza y diálogo entre los distintos partidos, y el impulso a la reconciliación social».
Lokarri resalta que ETA «mantiene su compromiso con el final de la violencia, tal y como se desprende de su último comunicado», y «todo apunta a la posibilidad de que está dispuesta a avanzar en un proceso de desarme y desmantelamiento de sus estructuras».
Frente a ello, afirma que el Gobierno español «muestra una postura de rechazo a entablar cualquier tipo de contacto con ETA y sostiene una posición basada en estrategias del pasado, aunque también es cierto que no ha tomado ninguna decisión drástica que pudiera poner en peligro el proceso de paz».
En su opinión, el camino hacia la paz definitiva y la normalización se encuentra actualmente «bloqueado» por el hecho de que el Gobierno español «no variará su estrategia hasta que ETA decrete su disolución, y ETA no está dispuesta a avanzar hacia su desarme y desmantelamiento mientras no haya contactos con el Gobierno».
Ante esa situación, entiende que si los partidos políticos logran implementar una agenda de «desarme, desmovilización y reintegración de ETA y de sus miembros y las personas presas, se generará la legitimidad necesaria para que ambos asuman los pasos que tienen que dar en el proceso de paz».
Ríos ha animado a todos los partidos a que, después del 21 de octubre, «redoblen sus esfuerzos para cooperar, dialogar y llegar a acuerdos que contribuyan a la consolidación y mantenimiento de la paz».

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