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Barcelona

Diputados catalanes registran en el Congreso la proposición de ley para convocar el referéndum

Los diputados de CiU, ERC e ICV-EUiA en el Congreso han registrado esta mañana la misma proposición de ley que el Parlament aprobó el 16 de enero para solicitar el traspaso de la competencia para convocar referéndums. De esta manera se aseguran que la iniciativa pueda ser debatida y votada durante el primer semestre del año.

Aplausos en el Parlament tras la votación del pasado 16 de enero. (Josep LAGO/AFP)
Aplausos en el Parlament tras la votación del pasado 16 de enero. (Josep LAGO/AFP)

El pasado 16 de enero el Parlament aprobó por amplia mayoría solicitar en el Congreso de los Diputados el traspaso de la competencia para convocar referéndums a la Generalitat, una iniciativa cuyo trámite en el Congreso se alargaría, como mínimo, hasta setiembre de este año. Para evitar que la propuesta quede en vía muerta, los 22 diputados de CiU, ERC e ICV-EUiA en Madrid han registrado hoy la misma proposición de ley directamente en el Congreso, lo que en un principio garantiza que la iniciativa pueda ser votada entre marzo y mayo de este mismo año.

De esta manera, en vez de esperar a que la proposición de ley del Parlament llegue a un pleno –se ha situado a la cola de todas las iniciativas enviadas por los parlamentos autonómicos–, los diputados catalanes aprovecharán el derecho que CiU tiene para presentar una proposición de ley durante el mes de marzo.

Según ha informado el líder de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, el debate y la votación podrán llegar al pleno entre finales de abril y principios de mayo, aunque otras fuentes apuntan a que podría ser incluso antes.

Concretamente, los diputados catalanes han registrado dos copias de la proposición de ley, una firmada por tres grupos parlamentarios –CiU, Izquierda Plural y Grupo Mixto– y otra firmada por los 22 diputados –16 de CiU, 3 de ERC y 3 de ICV-EUiA– a título individual.

Tras la publicación de la iniciativa en el Boletín de las Cortes Generales, el Gobierno español tiene 30 días para pronunciarse y dar el visto bueno. Tiene capacidad de vetar la proposición, pero solo si considera que su aprobación puede alterar alguna partida de los Presupuestos Generales del Estado. Algo difícil de justificar, ya que los presupuestos catalanes para 2014 incluyen una partida para la convocatoria de la consulta.