Ruz atiende así la petición del Ministerio Fiscal, que considera que el club azulgrana defraudó 9,1 millones de euros a la Hacienda Pública. El FC Barcelona emitió ayer miércoles un comunicado en el que defendía que el fichaje de Neymar se hizo «conforme al ordenamiento jurídico vigente».

Ruz, que ya investiga al expresidente Sandro Rosell por apropiación indebida en ese fichaje, ha tomado esta decisión después de que ayer el fiscal José Perals se lo reclamara en un escrito en el que afirmaba que uno de los indicios de delito fiscal «es la existencia de contratos simulados, así como la realización de operaciones de ingeniería financiera mediante los que se pretende cometer el engaño a la Hacienda Pública».

El contrato de Neymar se firmó en Barcelona el 3 de junio de 2013 entre el jugador y su padre, de un lado, y Rosell y el presidente actual del club, Josep Maria Bartomeu, de otro, pero no entró en vigor hasta el 29 de julio de 2013, pactándose una duración de 5 años.

En este punto, el magistrado concluye que, de acuerdo con estos periodos, Neymar tenía en ese tiempo la condición fiscal de «no residente», por lo que «la obligación de tributar correspondería al pagador, el FC Barcelona, que debería practicar la retención sobre el ingreso íntegro de las retribuciones abonadas, en concreto del 24,75% de los rendimientos» de Neymar.