El pasado mayo, el Consejo de Administración de Nuclenor decidió pedir al Ministerio español de Industria Energía y Turismo la renovación del permiso de explotación de Garoña hasta que la central alcance los sesenta años de funcionamiento, es decir hasta 2031.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha condicionado la reapertura de esta central al visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en un informe que «probablemente» no estará terminado hasta dentro de un año.

Ante estos movimientos, los primeros ediles de los municipios localizados en un radio de treinta kilómetros de la central, como los alaveses de Aiara, Amurrio o Zanbrana, entre otros, han decidido movilizarse y se han concentrado hoy ante la Diputación alavesa, donde han leído un comunicado conjunto.

A través de este texto, estos alcaldes han alertado del peligro que supone para sus localidades la reapertura de la planta, por lo que han exigido su «cierre definitivo e irreversible».

«No podemos quedarnos impasibles mientras Nuclenor y el PP negocian con el futuro de los vecinos de nuestros municipios. Tenemos que denunciar la actitud que prioriza intereses económicos frente a los de seguridad», han advertido.

Se han mostrado preocupados por el peligro que representaría que la planta retomase su actividad y por ello han considerado que la Comisión Europea debería supervisar el procedimiento de concesión de licencia de apertura de Garoña. Han planteado que de este modo se podría asegurar el cumplimiento de las exigencias de seguridad impuestas tras el accidente de Fukushima.

Estos alcaldes también han denunciado que el diputado general de Araba, Javier de Andrés (PP), no defiende la opinión mayoritaria de los alaveses en favor del cierre definitivo de la central, a pesar de que su partido lo ha apoyado en el Parlamento de Gasteiz.

«Es hora de que Garoña cierre de una vez y para siempre. La única garantía es que el desmantelamiento se inicie lo antes posible. Nuestras reivindicaciones son las de la inmensa mayoría de la ciudadanía alavesa», han insistido.