Los grupos de la oposición han aprobado las conclusiones del dictamen elaborado por la comisión de investigación creada en el Parlamento de Gasteiz para aclarar si fueron ajustadas a derecho las ayudas públicas que recibieron los proyectos fallidos de Epsilon, que nació para competir en Fórmula 1, e Hiriko, que pretendía comercializar un coche eléctrico.

Epsilon recibió unos 48 millones de euros en ayudas de varias administraciones públicas, entre ellas de los gobiernos de Lakua y español, lo mismo que Hiriko, que obtuvo unos 16 millones.

En la reunión de la comisión que ha tenido lugar esta mañana a puerta cerrada, EH Bildu, PSE, PP y UPyD han votado a favor del dictamen, mientras que el PNV ha votado en contra. El dictamen tendrá que ser ratificado, como último trámite, en sesión plenaria.

Ninguna de las aportaciones de los grupos ha salido adelante por no contar con la mayoría suficiente por lo que se ha aprobado la propuesta inicial que elaboró el presidente de la comisión, Carmelo Barrio (PP).

El borrador del dictamen ya apuntaba a la existencia de «irregularidades» en las ayudas públicas concedidas a Epsilon. Sin embargo, a pesar de apreciar de «responsabilidades» políticas en «las personas que formaban parte del Consejo de Promoción Económica que, en su sesión número 11, de 28 de septiembre de 2007» declararon a Epsilon como «proyecto estratégico», no se citaban los nombres de los integrantes de este órgano, que reúne al Gobierno de Lakua y a las diputaciones de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba.

Ese órgano estaba presidido en 2007 por la entonces consejera de Industria, Ana Agirre, actual viceconsejera de Justicia en el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. También algunas de las personas que integraban ese órgano ejercen como altos cargos del actual Gobierno autonómico, como Arantza Tapia, entonces diputada de Movilidad de Gipuzkoa y actual consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, quien pese a no asistir a la reunión en la que se respaldó a Epsilon, delegó su voto en Ana Agirre.

EH Bildu y UPyD habían solicitado que se incluyeran nombres y apellidos de los responsables pero su propuesta no ha contado con el respaldo necesario para salir adelante ya que tanto PNV como PSE han votado en contra.

El dictamen también considera que hay responsabilidades políticas en las personas que formaban parte del Consejo de Administración del Parque Tecnológico de Miñao que en marzo de 2009 expresaron su conformidad con las operaciones «de cesión de rango hipotecario».

Hiriko

Respecto a Hiriko, el informe indica que «la dirección de SPRI ha tenido una responsabilidad ‘in vigilando’» debido a la inexistencia de «un deber de exigencia de auténticos y coherentes planes de viabilidad» y afirma que el Gobierno de Lakua «careció de visión estratégica, al no haber apreciado los riesgos» que implicaba la concesión de ayudas a este proyecto.