El consejero de Empleo y Políticas Sociales de Lakua, Angel Toña, ha anunciado que pondrá en conocimiento de la Comisión del Código Etico toda la información sobre su inhabilitacion como admnisitrador concursal por un plazo de 18 meses por parte de la Audiencia Provincial de Bizkaia, con el fin de que ese órgano adopte una decisión «a la mayor brevedad posible».

En un comunicado, se ha referido así a resolución judicial que ha revelado GARA y que, como miembro de la Administración Concursal de las empresas Fundifes, Otsaila XXI y Bator Gestión 2004, le impone reordenar los pagos realizados y una inhabilitación de 18 meses para ser nombrado administrador de concurso.

Toña ha señalado que esta mañana ha ofrecido «todas las explicaciones» sobre esta decisión judicial al lehendakari, Iñigo Urkullu, con el que se ha reunido, y ha adelantado que también acudirá al Parlamento de Gasteiz, donde dará «las explicaciones necesarias para la clarificación absoluta de esta cuestión».

Ha aclarado que la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia es una «decisión de carácter mercantil» y no una «sentencia penal», por lo que ha defendido que «no se puede hablar de condena».

Además, ha recordado que el proceso se inició en el año 2007 «y, en todo momento», la labor de los administradores concursales que participaron «fue priorizar la continuidad de la empresa y el mantenimiento de los puestos de trabajo».

«Esta es la práctica habitual en la administración concursal, así se ha obrado en este caso y así ha sido reconocido por los propios representantes de los trabajadores», ha señalado.

La Comisión Ética Pública, presidida por el consejero de Justicia y Portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, será la que podrá recomendar al Ejecutivo su forma de proceder ante este caso.

Este órgano se creó en virtud del Código Ético y de Conducta aprobado por el Gobierno de Iñigo Urkullu en mayo de 2013 y afecta a todos los miembros del Ejecutivo y a los altos cargos de la Administración Pública de la CAV.