Rousseff ha subrayado que la ausencia de incidentes en las protestas es «una inequívoca prueba de que Brasil es un país democrático que, a diferencia de otros, convive pacíficamente con manifestaciones».

En ese sentido, ha garantizado que, a diferencia de las épocas en que el país fue gobernado por dictaduras, «nunca más se verá en Brasil que las personas que manifiesten su opinión, así sea contra la presidenta de la República, vayan a sufrir consecuencias».

Las manifestaciones fueron convocadas por grupos de oposición que protestaron por la situación económica del país y los escándalos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, aunque sectores minoritarios llegaron a exigir la destitución de Rousseff y hasta una «intervención militar».

En relación a las demandas manifestadas en las protestas, la jefa de Estado ha reiterado que esta misma semana presentará al país un nuevo conjunto de medidas para reforzar el combate a la corrupción.

Sobre las quejas de los manifestantes por la delicada situación económica del país, la mandataria ha insistido en que su Gobierno se ha visto «obligado» a aplicar un ajuste fiscal, reducir subsidios y aumentar la carga tributaria. «Desde el inicio de la crisis internacional, hace unos años, el Gobierno consiguió evitar sus efectos más perversos, tales como el desempleo o la reducción de derechos y la renta», ha argumentado.

Rousseff ha sostenido que mientras en Europa la crisis «llevó al desempleo a más de 60 millones de personas y a una amplia pérdida de oportunidades», en Brasil se reforzaron la inversión y los créditos públicos a fin de mantener acelerada la economía.

Sin embargo, «ese camino se agotó» y que ahora se debe «tomar otro rumbo para garantizar empleo y crecimiento», lo cual implica «hacer algunos ajustes y correcciones».