El artículo 4 de la Ley de la Agencia Tributaria catalana impugnada por el Gobierno español prevé la «integración voluntaria» de los funcionarios de la agencia en los cuerpos superiores de inspectores tributarios y técnicos de gestión de la Generalitat.

El Ejecutivo español considera que ese precepto vulnera el derecho al acceso en condiciones de igualdad a la función pública previsto en la Constitución y el estatuto del trabajador, por lo que presentó un recurso, que ahora ha admitido el Tribunal Constitucional.

La decisión del alto tribunal español no prejuzga su dictamen, sino que suspende temporalmente, durante cinco meses, la norma impugnada, en tanto resuelve sobre el fondo del asunto.

Madrid argumenta que la ley vulnera el derecho fundamental «por el que los ciudadanos de toda la nación tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes».

El TC también ha admitido a trámite el recurso del Gobierno del PP contra la ley catalana que impone un impuesto a las comunicaciones electrónicas, que también ha quedado suspendida temporalmente.

La vicepresidenta y portavoz del Govern, Neus Munté, ha «lamentado estas dos nuevas decisiones» del TC «en la línea de una recentralización constante» y de una «asfixia» sobre los sectores productivos de Catalunya.