
La libertad de expresión se está viendo cada vez más reprimida a nivel mundial, y aquellos que tratan de ejercerla se enfrentan con mayor frecuencia al riesgo de ser castigados o enjuiciados, según ha denunciado este jueves Amnistía Internacional (AI) con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos.
En lo referente al Estado español, AI subraya que la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) –conocida como Ley Mordaza– y de la reforma del Código Penal «han amenazado el ejercicio de derecho de reunión y expresión».
AI denuncia que la LOSC «amplía los poderes a la policía sin ofrecer salvaguardias para los ciudadanos y contiene limitaciones a los lugares y las fechas en las que se pueden celebrar manifestaciones. Además, muestra su preocupación por «la restricción de la grabación de agentes de policía en vídeo», ya que «las imágenes grabadas durante manifestaciones han sido fundamentales para demostrar el uso excesivo de la fuerza y otros abusos de la policía».
En cuanto a la reforma del Código Penal, AI considera que «contiene una definición demasiado amplia y vaga de algunos de los delitos de terrorismo». También apunta que «la prohibición de determinadas declaraciones en redes sociales» puede amenazar derechos.
Respecto al Estado francés, AI recuerda que el Gobierno Hollande «ha aprobado una nueva ley que permite interceptar masivamente comunicaciones, retener información durante largos períodos de tiempo y elimina la autorización judicial previa».
Tras los atentados de París
A ello se añade que, tras los atentados de París del pasado 13 de noviembre, se han propuesto cambios legislativos como «una revisión de las reglas sobre el uso de la fuerza letal, la posibilidad de privar de su nacionalidad francesa a las personas con doble nacionalidad, la de prohibir la entrada y estancia en el país a determinadas personas, y la de recurrir a métodos acelerados de expulsión para los extranjeros considerados sospechosos de ser una amenaza para la seguridad».
«Estamos presenciando una represión cada vez mayor de la disidencia en muchos países, en los que los gobiernos detienen y juzgan a los críticos más destacados para transmitir el mensaje intimidatorio de que quien hable pagará un alto precio. A muchos gobiernos les aterra el poder de las personas y reaccionan tratando de limitarlo», ha denunciado el secretario general de AI, Salil Shetty.

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