El pueblo mapuche extiende su territorio históricamente desde el océano Atlántico hasta el Pacífico, a ambos lados de la cordillera de los Andes, en el extremo sur del continente americano. Y la cordillera andina, si bien divide a los estados nación antes citados, vertebra al mismo tiempo la realidad política y social de este pueblo indígena. Otra característica es que, salvo los pueblos que en las selvas se han mantenido en aislamiento voluntario con respecto a la mal llamada «civilización», el pueblo mapuche perdió su independencia política hace apenas 150 años.

La colonia española nunca pudo ocupar estas tierras y se vio obligada a firmar diferentes tratados de nación a nación que reconocían su soberanía. Fueron precisamente los estados chileno y argentino, y sus élites militares y político-económicas, los que a finales del siglo XIX coordinaron sus esfuerzos para acabar con esta singularidad dentro de la América Latina ya independizada de las metrópolis europeas. Las campañas militares se llamaron de «pacificación de la Araucanía», en el lado chileno, y de «conquista del desierto», en el argentino, expresando con esa denominación la visión ideológica de conquista de nuevos territorios e ignorando, asimilando o eliminando a aquella población que había resistido la colonia española y más de medio siglo de la vida de las nuevas repúblicas ahora independientes.

Derechos políticos

Por todo lo anterior, se puede afirmar que el recuerdo de la independencia y soberanía perdida está muy presente en la mente del pueblo mapuche. Y esto permite entender mejor el gran desarrollo que en las últimas décadas se ha dado en el reconocimiento y reafirmación de la identidad de este pueblo, así como en la demanda del cumplimiento y ejercicio que le corresponde como tal, según los instrumentos internacionales de derechos humanos, tanto respecto a los individuales como a los colectivos.

Posiblemente es esta realidad la que permite entender mejor lo inconcluso, todavía, de las llamadas transiciones a la democracia de estos dos países latinoamericanos. El tránsito de salida de las dictaduras militares, que tanto debe al modelo español, adolece también como éste de no haber resuelto el problema de los derechos políticos que corresponden a las naciones sin Estado, en este caso especialmente al pueblo mapuche. Y tal y como explica José Bengoa, filósofo e historiador chileno, este irresuelto problema pone en evidencia aún hoy «el cuestionamiento del Estado, de su homogeneidad, de su unidad, de su impotencia en considerar las diversidades históricas».

Pero al problema político, en estas últimas décadas de neoliberalismo y extractivismo incontrolado, se han sumado el económico y social. En el lado chileno, entre la cordillera y el mar, el avasallamiento del territorio pasa por el expolio que supone la construcción continua de hidroeléctricas y, especialmente, el desarrollo salvaje e incontrolado de la explotación forestal. Y todo ello ignorando derechos básicos como el derecho a la tierra y el territorio o el de consulta, tal y como reconocen los tratados y convenios internacionales firmados por Chile. En este espacio, los procesos de pérdida territorial llevan a que las comunidades mapuche se vean reducidas a pequeñas islas en las que la supervivencia económica se hace imposible. Esta situación explicaría en gran medida el que el medio rural acoge a escasos doscientos mil mapuches del casi millón existente hoy en Chile, mientras la mayoría se ve obligada a emigrar a los centros urbanos, en especial la capital, Santiago.

En Argentina, el modelo económico aplicado es igual. La frontera extractiva avanza centrada en el sector hidrocarburífero, donde además ya se trabaja con técnicas tan peligrosas como el fracking, pese a la oposición del pueblo mapuche.

Manipulación de su imagen

Será este contexto de violación sistemática de los derechos colectivos de este pueblo, donde se produce una nueva caracterización del problema: la manipulación sistemática de la imagen del pueblo mapuche. En Chile, pese a la simpatía y solidaridad que sus reivindicaciones despiertan en gran parte del movimiento social del país, los medios de comunicación y las élites económicas y políticas han extendido la imagen de un pueblo «terrorista» y delincuente.

Cierto es que la espiral de violencia ha ido creciendo en los últimos años en una sucesión de desconocimiento de derechos, explotación del territorio, empobrecimiento de comunidades, imposibilidad de desarrollo agrícola y visión continua de la salida de la propia riqueza del territorio al ser considerados este exclusivamente como espacio de explotación de recursos por parte de las empresas.

Al mismo tiempo, la quema de fincas y maquinaria forestales, así como la ocupación de tierras en un intento de recuperación territorial, siempre ha traído consigo la represión del Estado como respuesta a las reivindicaciones y en clara sintonía y protección de los derechos de los empresarios. Y todo ello en acordada estrategia con los principales medios de comunicación, cuyas campañas de desprestigio del pueblo mapuche acompañan a las campañas represivas. Las consecuencias humanas más grave de esta situación son los muertos y heridos, así como los constantes procesamientos judiciales que han derivado en la existencia de casi una veintena de presos políticos mapuches en las cárceles chilenas.

Por último y como derivada de todo lo anterior, se subraya un hecho sintomático más de la cuestión mapuche. En Chile, el proyecto de reforma constitucional que debería reconocer a los pueblos indígenas lleva casi veinticinco años, desde los primeros momentos de la llamada transición a la democracia, olvidado en el Congreso. Y tanto en este país como en el del otro lado de la cordillera, se produce un sistemático desconocimiento de los derechos fundamentales reconocidos en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o de la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas; de forma especial, en especial de todos aquellos que aluden al derecho a la consulta ante actuaciones en sus territorios y al derecho de libre determinación de estos pueblos.

En suma, las transiciones a la democracia están aún inacabadas en Chile y Argentina y la existencia y demandas de reconocimiento y ejercicio de los derechos colectivos del pueblo mapuche así lo evidencian.