El pasado 4 de febrero, el Parlamento de Gasteiz aceptó la toma en consideración de una proposición de ley de EH Bildu para el Empoderamiento de la Ciudadanía de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, conocida como Ley de Consultas.

En respuesta, el Gobierno español ha redactado un informe en el que advierte de que algunos artículos de esta normativa serían inconstitucionales, ya que las consultas ciudadanas son, como norma general, competencia del Estado, o al menos necesitan de su visto bueno.

Los parlamentarios de EH Bildu Pello Urizar y Rebeka Ubera han comparecido para remarcar que la reacción del Ejecutivo de Madrid supone «un ataque al derecho y la capacidad de la sociedad vasca para decidir sobre su futuro y sobre todo lo que le afecta en su día a día. No ha sido una sorpresa porque conocemos bien su carácter antidemocrático en relación con el derecho a decidir de los pueblos y las personas. El Gobierno español tiene miedo a la democracia y su respuesta solo evidencia miedo, nervios y debilidad democrática».

Los representantes de la coalición han asegurado que EH Bildu «va a llegar hasta el final» para aprobar esta ley, y han emplazado «a las fuerzas políticas y sociales que defienden el derecho a decidir y a la ciudadanía en general a articular una respuesta conjunta y diseñar una estrategia compartida con el objetivo de superar las prohibiciones que constantemente imponen desde Madrid y poder hacer algo tan sencillo y democrático como que sean las mujeres y los hombres de este país quienes decidan sobre todo aquello que afecta a su vida diaria».

EH Bildu estima «indispensable que quienes reivindicamos el derecho a decidir hagamos una reflexión sobre el papel a jugar por los parlamentos de Gasteiz e Iruñea» y se pregunta si hay que hacer «lo que necesita la sociedad vasca: pensiones, empleo, sanidad, educación…» o conformarse con «lo que nos deje hacer Madrid», algo que «no es suficiente para garantizar el bienestar de la sociedad vasca».