El acuerdo con Turquía podría violar la ley si no salvaguarda los derechos humanos, según advirtió el Alto Comisionario de la ONU para los Refugiados (Acnur), Filippo Grandi, que se mostró profundamente preocupado porque «implicaría el retorno indiscriminado de personas de un país a otro y no detallaría las garantías de protección de refugiados en virtud del derecho internacional». Su representante en Europa, Vincent Cochetel, recordó que «la expulsión colectiva de extranjeros está prohibida en virtud de la Convención Europea de Derechos Humanos».

El principio de acuerdo alcanzado el lunes entre los jefes de Estado y de Gobierno de la UE con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, prevé deportar a Turquía a todos los inmigrantes –incluidos los demandantes de asilo sirios–, que lleguen a la UE a través de ese país, a cambio de que los Estados miembro reubiquen a un número equivalente de refugiados asentados ya en Turquía, además de un aumento en la ayuda económica a Ankara –de 3.000 millones a 6.000 millones de euros– y la aceleración del proceso de adhesión a la UE.

El acuerdo deberá ser ratificado en una cumbre europea los próximos 17 y 18 de marzo.

Según explicó el portavoz de Acnur William Spindler, la devolución de solicitantes de asilo a terceros países solo es posible si dicho país asume «la responsabilidad de evaluar la solicitud de asilo», si el expulsado estará «protegido de devolución» y si puede solicitar y ser reconocido como asilado conforme a los estándares internacionales y tiene «pleno acceso a la educación, el trabajo, la sanidad y asistencia social». De hecho, según las ONG, Turquía dista mucho de ser un país seguro para los refugiados. La responsable de Amnesty International para Instituciones Europeas, Iverna McGowan, considera que el acuerdo ha rebajado a los líderes de las dos partes «a un nuevo mínimo» al no tener en cuenta «los derechos y la dignidad de algunas de las personas más vulnerables del mundo». «La idea de intercambiar refugiados por refugiados no es solo deshumanizante, sino que tampoco ofrece una solución sostenible a largo plazo a la actual crisis humanitaria», advirtió McGowan. «Enviarlos de vuelta a Turquía a sabiendas de que su llamamiento de protección internacional nunca será atendido demuestra que los llamamientos de la UE para que se respeten los derechos de los refugiados son palabras vacías», lamentó.

Desde HRW, Bill Frelic criticó que los refugiado sean tratados como moneda de cambio.

Igualmente, el responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras, Carlos Ugarte, criticó el cinismo de los líderes europeos, que «han perdido por completo el sentido de la realidad», y reprochó el «burdo cálculo» que reduce a las personas a meros números y que, en la práctica, implica negarles un trato humano.

Grecia y Turquía defienden el freno a la inmigración

Los primeros ministros griego y turco, Alexis Tsipras y Ahmet Davutoglu, respectivamente, defendieron el principio de acuerdo sellado el lunes al formalizar ayer el acuerdo para devolución de migrantes. «El objetivo es desalentar la inmigración irregular y reconocer a los sirios en nuestros campamentos que la UE los aceptará por vías legales», justificó Davutoglu, que aseguró que su Gobierno «no obligará a nadie a irse en contra de su voluntad». Tsipras recalcó que el acuerdo envía «a los migrantes procedentes de terceros países, no a los de países en guerra, el claro mensaje de que no podrán cruzar Europa», tanto por falta de voluntad política como por la presencia de obstáculos físicos, «para que se detengan y se reduzca este insoportable flujo a nuestros países».GARA